'Prestige': la otra contaminación

A estas alturas, se han agotado las palabras para expresar la dimensión de la catástrofe que, desde hace más de treinta días, azota las costas de Galicia. Ya nadie puede pretender ignorar lo que ha pasado. Ya nadie puede minimizar las consecuencias de las toneladas de fuel derramadas. Y ya nadie puede perdonar que se escatimen gestos de ayuda, de solidaridad y de cariño para quienes han perdido por largo tiempo sus medios de vida y también se han sentido impotentes para luchar contra los elementos y abandonados a sus propias fuerzas, a su propio esfuerzo.

Pasará mucho tiempo hasta que alguien pueda explicar razonablemente el cúmulo de desatinos que en este suceso se han producido. Es indudable que se trató de un accidente: nadie en nuestro país es culpable de ello ni se le pueden atribuir responsabilidades.

Yo no quiero hablar hoy de las decisiones alternativas que se podían haber barajado ni tampoco reclamar responsabilidades por las que efectivamente se han adoptado y que, de modo evidente, han contribuido a que los ciudadanos de Galicia vivan una experiencia que cualquier espectador de televisión puede valorar.

Sin duda, el daño mayor, más brutal, más impactante, originado por la marea negra del Prestige va a ser el medioambiental: daños en la flora y la fauna marinas, costas, playas, paisajes arruinados... Con él, el daño económico: actividades de pesca y marisqueo paralizadas, turismo en peligro, inversiones reparadoras de muy alto coste... Y con ellos, el daño social: pérdida de puestos de trabajo, movimientos de población, pesimismo colectivo sobre el futuro...

Son daños, por otra parte, difíciles de evaluar: por la diversidad de bienes afectados, por la dispersión de su distribución geográfica, por las incógnitas actuales sobre el mantenimiento temporal de los vertidos. Todos ellos merecen, sin embargo, una atención mantenida en el tiempo: no es posible resignarse al deterioro imparable de esa zona de España. Y para ello no hay déficit cero o cualquier otro dogma económico que puedan prevalecer sobre la regeneración económica y social de Galicia.

Pero el Prestige ha producido otros efectos igualmente perturbadores: ha extendido la contaminación a otros ámbitos. Hasta ahora, se ha hablado poco de ello, pero también aquí el daño ya producido es grande y, si no se ponen remedios, puede ser duradero y profundo.

El vertido del Prestige ha originado, junto a la ambiental, una "catástrofe" política. Conforme discurrían los acontecimientos y a medida que crecía la crítica popular a la actuación del Gobierno y de la Xunta de Galicia (y esa crítica es la que tiene consecuencias electorales objetivas), tertulianos y editorialistas de medios afines al poder han puesto en circulación una tesis que formulan sin matiz alguno: el desastre del Prestige ha venido a poner por fin de manifiesto la incapacidad de los políticos -de todos los políticos- para atender situaciones de emergencia y, en general, para resolver los problemas reales de los ciudadanos.

Para fundamentar esta opinión utilizan el protagonismo alcanzado por voluntarios, marineros, pescadores y marisqueros, por la sociedad civil movilizada. Hasta manipulan las palabras del Rey, que él sí, como su hijo, han estado en Galicia para testimoniar a los afectados la preocupación, el afecto y la solidaridad de todo el Estado.

¿Quién duda del ejemplo que todos estamos recibiendo de quienes, sin atender al cansancio, se empeñan en luchar contra el chapapote? Están, todos, haciendo verdad diaria la solidaridad de los pueblos y las gentes de España: allí se mezclan gallegos, catalanes, madrileños, andaluces o manchegos en una lucha titánica que merecerá un reconocimiento expreso en el futuro. Y con ellos, con su trabajo, se hace presente cada día lo que es realmente España.

Pero si el Gobierno hubiese sido diligente; si el Gobierno se hubiese manifestado próximo y solidario; si el Gobierno hubiese puesto los medios y recursos de que dispone (que los tiene, como se ha empezado a ver cuando ya no podían esperar que la catástrofe no se produjese: ¿no somos la novena potencia del mundo?), el trabajo de los voluntarios hubiese sido comprometido y estimulante, pero no hubiese sido imprescindible.

Este anuncio de la debilidad de "la Política" como instrumento útil para resolver necesidades y problemas es, claro, interesado. Persigue apuntalar la vieja aspiración de la derecha de minimizar el Estado, reducir el ámbito de lo público, despreciar la actividad política democrática. Y persigue, también, echar un cable a Gobiernos (el de la nación y el de Galicia) que en estas semanas han cosechado un descrédito de tal entidad que saben que será difícil superar.

Pero en la crisis desatada por el hundimiento del Prestige no ha fracasado el Estado: ha fracasado el Gobierno. No hay descrédito de la Política: hay descrédito del Gobierno. No ha fracasado la Política: lo que no ha habido por parte del Gobierno es Política (así, con mayúscula), capacidad política para hacer frente a una grave situación y sentirse solidario con su pueblo.

Si el Gobierno hubiese hecho política, habría movilizado desde primera hora al Ejército, habría requisado contenedores y transportes, habría conseguido fondos europeos suficientes, habría contratado masivamente a parados. Y esto es lo que el Gobierno, y sólo el Gobierno, no ha hecho.

Ha fracasado la política del Gobierno, que no ha sido capaz de hacerse presente para aunar esfuerzos, para coordinar actuaciones, para buscar la colaboración de todas las fuerzas políticas y sociales.

Frente a ese fracaso, el protagonismo de la sociedad gallega es fruto de su decisión de defender su medio de vida; y al hacerlo, con su esfuerzo y su presencia han llenado el vacío que ha originado el Gobierno. Un vacío que todavía se prolonga, como demuestra la indignación popular porque sigan sin llegar los medios que se esperan y se reclaman al Estado.

Al proclamar el fracaso de la Política y el fracaso del Estado, difuminan la responsabilidad del Gobierno, puesto que hacen responsables de ello a todas las fuerzas políticas. Como a los partidos de la oposición no pueden exigirles actuaciones concretas, contribuyen a amparar al Gobierno uniéndose a las acusaciones de deslealtad y falta de patriotismo que éste formula.

Deslealtad y falta de patriotismo no se producen cuando se

denuncia la incompetencia, la pasividad, la confianza exclusiva en las mareas o el viento, el ocultismo, el secuestro de información veraz, la incapacidad para asumir errores, la atribución de responsabilidades a cualquiera salvo a uno mismo. Esa denuncia es no sólo la facultad, sino la obligación que en este periodo de la vida española tiene encomendada el PSOE, que por lo demás ha venido sugiriendo medidas que, como ya es costumbre, primero se descalifican y después se van adoptando una tras otra.

Pero fomentar, como se está haciendo, el descrédito de la política o el abandono de toda confianza en el Estado, más allá de estas polémicas entre partidos, provoca efectos devastadores para nuestro sistema democrático. Entre ellos, así se promueve la abstención electoral, así se favorecen opciones territoriales, así se abona el terreno a los grupos antisistema.

Contra esta contaminación debemos ser activos los demócratas. Por eso queremos que el Gobierno convoque a todos los grupos políticos: para entre todos encontrar las mejores soluciones para Galicia y lograr que allí se note la presencia de todo el Estado y sus instituciones. Si el Gobierno no lo hace así, sumará una nueva responsabilidad a las que estos días ha contraído y ahondará, aún más si cabe, la profundidad de su descrédito, su ineficacia y su caída en la valoración de los españoles.

Manuel Chaves es presidente de la Junta de Andalucía y presidente del Partido Socialista Obrero Español.