El Gobierno planea asumir gran parte del fondo de solidaridad para Galicia
Rato: "Los gastos quedan fuera del compromiso de estabilidad"
El Gobierno va a convocar lapróxima semana a sindicatos y patronal para agradecerles la iniciativa de poner en marcha un fondo de solidaridad con los trabajadores afectados por el Prestige que tenga como único fin promover la actividad económica y la creación de empleo mediante el aumento de una décima en las cotizaciones socialistas. El Ejecutivo estudia cubrir con dinero público buena parte de ese fondo, que podría llegar a 300 millones de euros.
La clave de esta voluntad del Gobierno la dio por la mañana el vicepresidente Rodrigo Rato. Subrayó en el Congreso que la catástrofe del Prestige exige poner por delante de cualquier otra consideración la atención a los afectados. La administracion ya se ha gastado 230 millones de euros. Además, la "excepcionalidad" de la catástrofe permite que los gastos extraordinarios que sean necesarios "no formen parte de los compromisos de estabilidad asumidos por España en la Unión Europea".
Todos los gastos que requiera la catástrofe del Prestige se atenderán "sin laxitud excesiva y sin incumplir los compromisos de estabilidad", pero "gracias a las cuentas saneadas" de las que presume el Gobierno y que ayer reiteró el vicepresidente Rato.
Por ejemplo, Rato destacó que el Gobierno aprobará este viernes una "ampliación de crédito" de 230 millones de euros para cubrir los gastos que ya se han producido en los cuatro departamentos más afectados. En concreto, ese dinero se reparte entre la partida de "protección y conservación de recursos pesqueros" del Ministerio de Agricultura; la de "seguridad y tráfico marítimo", de Fomento; tres partidas en Medio Ambiente: "costas, parques naturales y mejora del medio ambiente", y una genérica para el Ministerio de Defensa.
Esos 230 millones de euros son ampliables, "según vaya haciendo falta más dinero" y no ponen en peligro, según Rato, el déficit porque el Gobierno los considerará de carácter extraordinario para atender "una catástrofe sin precedentes".
Esta misma filosofía subyace en la respuesta que el Ejecutivo prepara para atender la propuesta de sindicatos y patronal de crear un fondo de solidaridad para la creación de empleo en las zonas afectadas.
Rato y Zaplana van a convocar la próxima semana para cerrar este plan de solidaridad con Galicia a los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, de Comisiones Obreras, José Fidalgo, y al presidente de la CEOE, José María Cuevas. En la reunión intentarán cerrar un acuerdo de aplicación inmediata a partir del 1 de enero.
En un primer momento, el Gobierno asumió poner una tercera parte de ese fondo. Es decir, los agentes sociales estimaron que la subida de una décima en las cotizaciones sumaría una recaudación de 180 millones de euros, a partes iguales entre empresarios y trabajadores, y pidieron al Gobierno que pusiera, al menos, otro tanto. Hasta el martes, el escenario presumía tres aportaciones de 90 millones de euros para cada parte.
Pero el discurso que quiere enarbolar el Ejecutivo es que la "atención a las personas en la crisis del Prestige está por encima de cualquier otra consideración", por lo que ayer los ministerios del área económica del Gobierno estudiaron ampliar la aportación económica de la Administración hasta la mayor parte de esos 300 millones de euros.
El fondo de solidaridad con el empleo tendrá, como han propuesto empresarios y trabajadores, una duración temporal de sólo un año. Su objetivo es impulsar actividades económicas alternativas para los pescadores y para todos los empleados de la cadena de productos del mar que queda abortada por la marea negra. El Ejecutivo pretende que llegue a la opinión pública el mensaje de que por dinero no va a ser, que nadie va a quedar sin ayudas y que las regiones afectadas no deberán sufrir, en lo posible, una crisis económica tras esta catástrofe.
Con ese mensaje, el vicepresidente Rato presentó ayer en Asturias un convenio entre el ICO y Cajasur y ofreció una partida del Inem de 15 millones de euros para la contratación de desempleados que se ocupen de la limpieza de playas.
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