Medio Ambiente pacta con las constructoras un plan para limpiar todas las playas dañadas
El Estado pagará a las empresas que regeneren la costas gallegas, cántabras, asturianas y vascas
El Ministerio de Medio Ambiente ha llegado a un acuerdo con las principales compañías constructoras del país para que se encarguen, previo pago con dinero público, de la limpieza y regeneración de las costas gallegas, tras una reunión que mantuvieron ayer en A Coruña el director general de Costas, José Triguero, y los representantes del sector. El accidente y posterior hundimiento del petrolero Prestige ha llenado de fuel, un combustible pesado, negro y viscoso, numerosas playas gallegas y ha obligado a la Xunta de Galicia a decretar la prohibición de pescar en casi 1.000 kilómetros de costa.
El acuerdo sellado ayer establece que los trabajos se dividirán en tres fases distintas:
- Primera: de limpieza general de las costas, que seguirán llevando a cabo los voluntarios de forma manual y en el que las empresas constructoras sólo ejercerán labores de aseroramiento técnico.
- Segunda: de limpieza especializada, que precisará ya de personal especializado y maquinaria de las empresas constructoras.
- Tercera: de regeneración de las zonas dañadas, de la que se encargarán las constructoras.
Uno de los puntos del pacto que alcanzaron ayer la Administración central y las empresas constructoras es que, una vez realizado el reparto de las zonas, las empresas a las que se les haya asignado se harán responsables de las mismas (incluyendo las tareas de regeneración) con caracter indefinido.
El reparto por zonas es como sigue: FCC, puerto de Corrubedo; Dragados, El Ferrol; ACS, Malpica; Ferrovial, Laracha; Corsan-Corviam, Laxe; Necso, Camelle; Sacyr, Muxía; OHL, Carnota; Comsa, Lugo; las empresas de ANCI, que agrupa a las medianas constructoras, Pontevedra, y las de Aerco, de empresa regionales, las costas asturianas, cántabras y del País Vasco.
La principal duda que suscita el acuerdo será la forma en la que la Administración central retribuirá a las constructoras por este trabajo. Por el momento, se ha creado una comisión que estudiará la homogeneización del coste de cada uno de los encargos encomendados.
La propuesta de reparto de las zonas ha partido de las propias constructoras y, en principio, ha sido aceptada por el Ministerio de Medio Ambiente, aunque podría causar algún problema con la empresa Tragsa, dependiente del Ministerio de Agricultura y que ahora coordina y dirige los trabajos de limpieza de la costa dañada.
El próximo viernes, empresas y Administración volverán a reunirse para perfilar aún más el calendario de los trabajos.
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