Inflación de fondo

Es difícil encontrar elementos favorables en el registro de los precios al consumo del pasado noviembre. Tal vez, el más positivo sea que pese al incremento mensual del 0,2%, la tasa interanual ha cedido una décima, al igual que la inflación subyacente. El buen comportamiento relativo de los carburantes -algo que será difícil garantizar en el futuro con la incertidumbre que se cierne sobre Irak y la crisis política de Venezuela- y el de los precios de los servicios, que han compensado el nuevo repunte en los precios del calzado y vestido, han contribuido a detener la continuidad de la subida de precios.

Con todo, la evolución del diferencial de inflación frente al promedio de la eurozona sigue manteniéndose en niveles históricamente altos. El resto de los países de la UE, particularmente Francia y Alemania, con los que nuestro comercio es más intenso, mantienen tasas de inflación muy inferiores, con el consiguiente daño para la competitividad de nuestra economía. Por el momento, la imposibilidad de llevar la tasa de variación de precios a los objetivos definidos por el Gobierno ya ha supuesto la revisión al alza de los pagos por pensiones durante 2003 por un total de 2.090 millones de euros.

La persistencia de ese problema desde hace años, al menos ahora reconocido como importante por las autoridades, no se ha traducido hasta el momento en acciones concretas. El Gobierno ha tomado nota durante las últimas semanas de las ineficiencias existentes en la distribución de algunos alimentos, expresivas de una importante asimetría entre los precios pagados en origen y los que rigen finalmente ante el consumidor. ¿Qué acciones concretas se han tomado? De momento, ninguna que se sepa.

La coexistencia de esa persistencia de la inflación con un horizonte de crecimiento ciertamente menos favorable que el existente hasta hace apenas unos meses plantea serios interrogantes sobre el futuro próximo de la economía española. La revisión a la baja de las previsiones de crecimiento, que acaba de hacer pública el BCE para el conjunto de la eurozona, obliga a cuestionar si las actuaciones de la actual política económica del Gobierno son suficientes para neutralizar los vientos desaceleradores. En este sentido, no puede darse por descontado el efecto expansivo que sobre el consumo y las decisiones de gasto pueda tener la liberación parcial de renta originada por la reducción en el IRPF a partir del año próximo.

Pero es que al mal dato de los precios se añade el debilitamiento de la creación de empleo o un aumento del paro, lo que limita la acción reanimadora de esa reforma fiscal. Un resultado seguro será, en cambio, una menor recaudación en un momento en que la economía española necesita más inversión en capital y en investigación y desarrollo, determinantes para mejorar la productividad, y más incentivos fiscales a la dormida inversión empresarial. Con el año próximo, la economía española no sólo puede dar por finalizado su particular milagro, sino resucitar viejos problemas, que las autoridades han preferido ignorar.