El Gobierno amplía el plazo de la UE para que los vertederos cuenten con un plan de gestión

El Gobierno ha ampliado hasta finales de este mes el plazo para que los propietarios del centenar de vertederos existentes en Euskadi presenten un detallado plan de gestión, como exige una directiva europea y que incluye el mantenimiento durante los 30 años posteriores al cierre. La normativa comunitaria ordenaba la presentación del plan el pasado julio, pero Medio Ambiente ha extendido el plazo por el retraso del Ejecutivo central en la trasposición de la directiva europea. El requisito obligará a la inversión de varias decenas de millones de euros durante esta década.

La directiva de la UE sobre el vertido en basureros fue aprobada en 1999 y está traspuesta a España desde enero de este año. Su principal objetivo es reducir los vertidos para que los vertederos se "utilicen únicamente para aquellos residuos para los que actualmente no existe tratamiento o para los que se rechazan" en el reciclaje o la valorización.

En Euskadi, según los datos del Departamento de Medio Ambiente, existe un centenar de vertederos con autorización. La mayoría son privados y tratan residuos inertizados (aquellos derivados del proceso de tratamiento de desechos tóxicos), inertes y los derivados de la actividad de la construcción. Pero, según coinciden en señalar ecologistas y técnicos medioambientales, tienen escaso control por la falta de inspecciones y estudios que determinen los vertidos. La docena de basureros públicos se centra en recoger los restos de los hogares.

Todos ellos debían haber presentado antes del 16 de julio pasado ante la Viceconsejería de Medio Ambiente un detallado plan de gestión con una veintena de medidas. Entre ellas figuran la descripción de los residuos de cada vertedero, la cantidad total que se prevé albergar, la capacidad propuesta y la descripción del emplazamiento (con datos hidrogeológicos y geológicos) y de su construcción. Además, deberán detallar cómo prevenir y reducir la contaminación y establecer un plan de explotación, vigilancia y control. Los vertederos tienen que garantizar que el cobro de tratamiento cubra al menos los costes (ahora la gestión de la basura es claramente deficitaria).

La directiva establecía también un análisis económico que incluya todos los gastos del vertedero, pero la trasposición de la norma en España no lo considera obligatorio. Junto a ello, se incluye la gestión de los basureros al menos durante 30 años después de su cirre.

La norma de la UE recoge que, tras la presentación de este completo plan de gestión, la autoridad competente (en Euskadi, la citada viceconsejería) debe decidir si el vertedero puede o no seguir funcionando. En caso positivo, fijará un periodo transitorio para que se adopten las medidas previstas en el plan y conceder posteriormente la autorización de su funcionamiento. Este proceso deberá estar culminado para el 16 de julio de 2009 y Medio Ambiente deberá "tomar las medidas necesarias" para que los vertederos que incumplan los requisitos "no continúen operando", señala la directiva.

19 millones en Vizcaya

Vencido el plazo de julio, el Gobierno vasco asegura que el retraso se debe al Ejecutivo central, "que traspuso la directiva el último mes que tenía para hacerlo", asegura un portavoz de Medio Ambiente.

El departamento que dirige Sabin Intxaurraga empezó a enviar el pasado mes de junio un cuestionario a todos los propietarios de los vertederos ante la complejidad del plan de gestión que deben presentar. Medio Ambiente ha ampliado hasta finales de este mes el plazo para presentar los planes de gestión, y en enero se analizará toda la documentación.

La consejería no dispone actualmente de datos sobre los vertederos que ya han presentado el plan. Hasta ahora, sólo la Diputación de Vizcaya, propietaria de seis instalaciones, ha anunciado públicamente que entregará su plan de gestión. Esta institución señala la necesidad de invertir 19 millones de euros en sus seis basureros para adaptarse a la directiva: 5,2 millones en el de Igorre; 6,6 en Jata; 1,2 en Berriz; 1,9 en La Orkonera; 2,5 en Amoroto y 1,7 millones en Gordexola. En el caso de estos dos últimos se incluye un plan de clausura, ya que el de Gordexola está inactivo y el de Amoroto se cerrará el año próximo.