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Los grupos paramilitares anuncian un cese de las hostilidades en Colombia

La ONU mediará en el diálogo con el poder

"Aplaudo todo paso a favor de la paz; éste es un buen anuncio", dijo ayer a este periódico el senador de izquierda Carlos Gaviria al referirse al anuncio de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de un "cese total de hostilidades", a partir de mañana. Este grupo armado paramilitar, señalado como el mayor violador de derechos humanos en Colombia, afirma así su disposición de iniciar de "inmediato un diálogo" con la mediación de la Iglesia católica y participación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONU. A Unicef se le pide que acoja de inmediato a los menores de edad que hay en sus filas, y a ACNUR que contribuya al retorno de los desplazados: más de dos millones de desterrados.

En una carta dirigida al Gobierno y difundida a través de su página en Internet, esta organización de más de 10.000 hombres en armas, que se financian en gran parte del narcotráfico, exigen, entre otras, el sostenimiento de sus tropas durante la negociación y la defensa y protección de las poblaciones que tienen bajo su control. Estas zonas, "liberadas por las autodefensas de la intimidación subversiva", serán "entregadas" al Estado, que debe asumir "sin dilaciones y contando con nuestra participación cívica y democrática", su defensa y protección.

La Iglesia facilitó este acercamiento entre paramilitares y Gobierno. A comienzos de octubre, cinco obispos se reunieron con sus líderes y, a mediados de este mes, se produjo el encuentro del alto comisionado para la Paz del Gobierno, Luis Carlos Restrepo, con varios comandantes paramilitares.

En la Declaración por la paz en Colombia, como titularon la carta dirigida al Gobierno, insisten en su reconocimiento como actores del conflicto armado y político del país. "Analizados de manera objetiva y con necesaria perspectiva histórica, no caben dudas de que todos nuestros actos han sido acciones de tipo político", afirman.

El senador Carlos Gaviria siente un solo temor: que el proceso tome un rumbo equivocado y lleve a la legalización de estos grupos. "Este país tan deshecho no se puede reconstruir en base a la impunidad". Sin embargo, cree que la existencia de esa posibilidad "no es argumento para matar este embrión que puede dar buenos resultados". Por esto pide a la opinión nacional e internacional mantener un riguroso seguimiento al proceso.

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