Aventura local

Los ayuntamientos españoles han recibido con alivio, aunque sin entusiasmo, el acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas para compensar los 900 millones de euros que las corporaciones municipales dejarán de percibir por la supresión del impuesto de actividades económicas (IAE) para el 92% de los contribuyentes. El pacto alcanzado establece que los municipios afectados percibirán, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, no sólo los millones perdidos, sino una propina de otros 240 millones que probablemente se obtendrá con los recargos del IAE residual a las grandes empresas (el 8% que tendrá que seguir pagando) y la tasa que se aplicará a los operadores de telefonía móvil a razón de 1.227 euros por cada 1.000 abonados. Además, en un esfuerzo por calmar la inquietud municipal ante las próximas elecciones, el Gobierno ha decidido que los ayuntamientos de más de 75.000 habitantes tengan una participación en los impuestos del Estado (IVA, IRPF, especiales).

En términos políticos, el acuerdo es una marcha atrás del Gobierno, dispuesto en un principio a suprimir este impuesto sin compensaciones. El criterio oficial -el Gobierno baja el impuesto y los ayuntamientos buscan por su cuenta el dinero para tapar el agujero- ha sido sustituido por el más electoral y complaciente de que cada euro dejado de ingresar sea puntualmente repuesto por el Estado.

Pero la vuelta atrás del Gobierno presenta serios motivos de crítica. La improvisación de las negociaciones ha llevado a que el acuerdo se haya alcanzado después de la aprobación de la Ley de Financiación Local en el Congreso; con lo cual las modificaciones tendrán que redactarse en el Senado. En términos tributarios, la decisión compensatoria es tan oportuna para los ayuntamientos como discutible para ese 8% de grandes empresas que seguirán pagando el IAE, para las compañías telefónicas y para los contribuyentes individuales cuyos impuestos pagarán las cantidades de las que se exime a los pequeños empresarios y profesionales. Tampoco la corresponsabilidad fiscal sale bien parada. Al fin y al cabo, los municipios mantenían una cierta capacidad de gestión sobre el IAE suprimido, mientras que con el acuerdo pasan a depender de las liquidaciones de cuentas con el Gobierno en impuestos que, además, dependen de la evolución general de la economía y no de la prosperidad o declive de cada ciudad.

El aspecto más discutible es, con todo, la indefinición sobre el resultado. El Gobierno no tiene o no ha facilitado los cálculos de la recaudación posible con los nuevos criterios. Hasta que venza 2003 no se podrán comparar las cifras del nuevo esquema fiscal con el vigente hasta la semana pasada. Sin simulación de costes la nueva financiación local es simplemente una aventura más.