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El ex gerente de Mercalicante dice en el juicio que el Ayuntamiento conocía sus actos

El edil Juan Zaragoza asegura que Emilio Clavero engañó deliberadamente al consejo

El ex gerente de Mercalicante Emilio Clavero aseguró ayer, durante el juicio por su despido, que el vicepresidente de la sociedad y concejal de Comercio del Ayuntamiento de Alicante, Juan Zaragoza, estaba al tanto de sus actos al frente de la mercantil, aunque admitió que los contactos con el edil no fueron oficiales. Zaragoza desmintió ante la juez la declaración de Clavero con vehemencia. Clavero, no obstante, no cimentó su defensa en el supuesto conocimiento que de su gestión tenían los máximos gestores de la sociedad, sino en la legalidad de todas sus acciones.

La defensa de Clavero intentó desmontar los cuatros puntos en los que se basó la representación legal de Mercalicante para justificar el despido del ex gerente: inversiones en bolsa sin autorización del consejo de administración, incumplimiento de la cláusula de su contrato que le impedía administrar otras empresas, pagos de sus obligaciones fiscales y las de su esposa con fondos de Mercalicante y abonos irregulares a varias empresas con las que Clavero formalizó contratos de arrendamiento de una nave de frigoconservación.

Y trató de desmontar tales argumentos de su despido sin ceñirse en exclusiva al supuesto conocimiento que los máximos responsables de la sociedad (el consejo de administración y la comisión ejecutiva) tenían de los movimientos presuntamente irregulares de Clavero. No obstante, el ex gerente declaró ante el tribunal del juzgado de lo social número 3 de Alicante que el concejal del PP y vicepresidente de Mercalicante, Juan Zaragoza, quien encarnó en la vista oral los intereses de la empresa de capital público, conocía todo lo que ocurría en la firma de forma extraoficial, extremo que el propio edil negó con vehemencia durante la sesión judicial. Al término del juicio dijo: 'Clavero engañó deliberadamente al consejo de administración'.

Emilio Clavero admitió y justificó con naturalidad algunas de las acusaciones en las que la dirección de Mercalicante -empresa participada mayoritariamente por el Ayuntamiento y en la que la sociedad estatal Mercasa posee en el 43,3%- basa el despido del ex gerente y la situación de quiebra técnica en la que ha quedado la empresa. La defensa de Clavero aseguró que el consejo de administración de la sociedad, el 24 de marzo de 1997, autorizó al gerente a invertir en bolsa, si bien la defensa de Mercalicante puntualizó que el poder se ceñía a valores de renta fija, no variables como formalizó Clavero. Además, la defensa aseguró que la inversiones en valores por parte de Mercalicante era una práctica habitual antes de que Clavero se incorporara a la empresa. Éste admitió que con fondos de Mercalicante -105.749 euros- abonó sus obligaciones fiscales y las de su esposa, si bien matizó que luego devolvió el dinero. Sobre la incompatibilidad por su condición de administrador de otra empresa, el abogado de Clavero dijo que esa firma, Ekonos Group, estaba inactiva.

Preámbulo del juicio final

Con mayor o menor acierto, el ex gerente de Mercalicante, José Emilio Clavero, se esmeró ayer en demostrar, durante la vista oral por su despido, que el concejal del PP Juan Zaragoza, - vicepresidente de Mercalicante que colocó a su hija en esa sociedad de capital público-, estaba al corriente de los actos supuestamente irregulares que ahora se le imputan. Pero en su intento topó con un gran despliegue municipal. El gobierno local que preside Luis Día Alperi no ha escatimado medios -ni gastos- en buscarse la mejor defensa, a pesar de que una parte importante de la Corporación, la oposición, está convencida de que la ruina de Mercalicante tiene en parte su origen en la negligencia con la que los populares han gestionado la empresa. PSPV y Esquerra Unida enviaron a sus asesores al juicio. Estos partidos ven una confusión entre la defensa de los intereses municipales en Mercalicante y el interés del PP en salir airoso de la quiebra de la sociedad presidida por el alcalde. La vista oral de ayer, celebrada en el ámbito de la jurisdicción de lo social, fue un preámbulo del juicio final que dirimirá las responsabilidades penales del mayor escándalo financiero de la ciudad de Alicante, y también fue un barómetro que mide la responsabilidad moral, profesional y política de los actores en la quiebra de Mercalicante.

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