Bruselas quiere que los nuevos países de la UE se sometan a controles especiales

Algunas áreas comunitarias podrán quedar en suspenso años después de entrar un país

La UE está dispuesta a aceptar en 2004 la entrada de 10 nuevos países en el club, algunos de ellos no suficientemente preparados hoy para dar el paso, pero no a que ese histórico acontecimiento origine graves perjuicios, sobre todo económicos, para los actuales socios. Por eso, la Comisión propondrá mañana la inclusión en los tratados de adhesión de unas novedosas cláusulas de salvaguardia para que, en caso necesario, en el futuro se deje en suspenso determinados capítulos claves de la política comunitaria, especialmente en el terreno del mercado interior.

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Tema:: La nueva Europa
Claves:: Los candidatos
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Esas cláusulas estarían vigentes durante un periodo de dos a cinco años después de la ampliación. Los líderes europeos que con más recelo ven desde hace años el negativo impacto que puede tener esa ampliación empiezan a ver fórmulas tranquilizadoras en el horizonte. En todos los tratados de adhesión, existe la cláusula según la cual, en el primer año de incorporación, se puede dejar en suspenso algún capítulo comunitario en caso de graves anomalías imprevistas, sobre todo económicas.

Ahora, sin embargo, las fórmulas que Bruselas plantea van mucho más lejos. De un lado, la Comisión recomendará mañana a los Quince concluir las negociaciones con 10 de los candidatos (todos menos Bulgaria y Rumania) antes de que acabe el año. Pero a la vez, fijará un periodo de supervisión (monitoring) desde el 1 de enero de 2003 hasta el 1 de enero de 2004, fecha prevista para la incorporación, de modo que en esos 12 meses pueda comprobarse si los candidatos hacen o no sus deberes para ser asimilados sin problemas.

De no hacerlo, a los Quince siempre les quedaría el último recurso de bloquear su acceso paralizando, por ejemplo, el proceso de ratificación de los tratados en algún país. En Francia, por ejemplo, donde las autoridades siempre tienen un discurso crítico con la ampliación y sólo la mitad de la opinión pública la apoya, sería muy fácil lograr ese bloqueo.

Pero ahora se va más lejos: habrá cláusulas de salvaguardia (en el área del mercado interior, pero quizás también en la de Justicia e Interior), de modo que algunos capítulos puedan quedar en suspenso incluso años después de la entrada de nuevos Estados. Los más desconfiados quieren un plazo de cinco años. Los menos temerosos se conforman con dos.

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Y es que la Comisión ya ha concluido su examen sobre la situación entre los 10 elegidos (el que presentará hoy) y las conclusiones no son muy halagüeñas en algunos casos. Así, Bruselas cree que los 10 cumplen los requisitos políticos porque se trata de democracias equiparables a las de los actuales socios; también afirma que cumplen los requisitos exigibles a una economía de mercado; pero sospecha que varios de ellos tendrán graves dificultades para acomodar sus administraciones a la hora de cumplir todo el derecho comunitario.

Polonia y Estonia, por ejemplo, tendrán graves problemas para cumplir los requisitos de la unión aduanera. También Polonia (39 millones de habitantes), el país más grande de la oleada, con una economía fundamentalmente agrícola, tendrá problemas a la hora de aplicar la política agrícola común o la regional (fondos). Sólo Chipre, Eslovenia y Hungría merecen la confianza sin reparos de la Comisión.

Esas cláusulas, que sin duda serán mal acogidas entre los países candidatos, supondrán de hecho otro problema político a dirimir en el complejo proceso que aún resta para materializar la ampliación. El obstáculo más firme se presenta el próximo día 19, cuando los irlandeses votarán por segunda vez en referéndum si ratifican o no el Tratado de Niza, vital para que esa ampliación se produzca. Si el voto es negativo de nuevo (las encuestas arrojan grandes dudas), la ampliación sufrirá al menos un año de retraso. Además, aún está pendiente de negociar todo el capítulo financiero de la ampliación.

En el terreno político, sin embargo, la mayor preocupación se centra en el caso de Turquía, que no verá satisfecha su exigencia de que los Quince fijen antes de fin de año una fecha para empezar a negociar su adhesión.

Giscard: no al federalismo

El ex presidente francés Valery Giscard d'Estaing, que actualmente preside la Convención Europea, se manifiesta contra una Europa federal en una entrevista publicada ayer por el Financial Times. Giscard expresa pocas simpatías por quienes proponen que la Comisión Europea tenga más poder en economía o política exterior. En su opinión, esas materias deben quedar en manos de la cooperación entre los Gobiernos de los Estados miembros.

Sí defiende, en cambio, que la Comisión adquiera más competencias en Justicia e Interior. 'La toma de decisiones colectivas, la práctica de la cooperación organizada va ganando terreno. Nuestra propuesta es hacer que las cosas funcionen de una manera más unificada. Europa se ha vuelto demasiado complicada, con demasiada hostilidad'. Sobre el futuro nombre de la Unión, prefiere el de 'Europa Unida' al de 'Estados Unidos de Europa'.

Sobre la firma

Carlos Yárnoz

Es Defensor del Lector, llegó a EL PAÍS en 1983 y ha sido jefe de Política, subdirector o corresponsal en Bruselas y París. El periodismo y Europa son sus prioridades. Como es periodista, siempre ha defendido a los lectores. Ahora, oficialmente.

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