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¿Los primeros de la clase?

En el país de las maravillas del Gobierno Aznar, nada es cierto ni real, y todo es el fruto del sueño de una noche de verano, que año tras año se repite al elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En su preocupante obsesión por ser los primeros de la clase, pervierten el principal instrumento de política económica, al establecer el déficit cero como objetivo per se de los PGE, cuando, en realidad y por sentido común, es una estrategia presupuestaria a considerar en función de una coyuntura económica determinada.

Un sentido común que sí ha aplicado la Comisión Europea. Por un lado, al enmarcar el objetivo comunitario de equilibrio presupuestario en 'la obligación de evitar déficits públicos excesivos', en la necesidad de 'mantener el déficit público dentro del valor de referencia del 3% del PIB', y en la consideración de 'las características cíclicas y estructurales de cada uno de los Estados miembros', tal y como se recoge en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE. Y, por otro lado, al decidir, el pasado 24 de septiembre y en virtud de dicho Pacto, ampliar hasta el año 2006 la consecución del citado objetivo, a la vista de la situación actual de la economía de la zona euro y de las previsiones sobre la evolución de la misma.

Sin embargo, con nulo sentido de la realidad, el Gobierno central se ha empeñado en ir más allá en la aplicación de este Pacto, desvirtuándolo, al exigir a las administraciones públicas que, en el ejercicio presupuestario 2003, se sumen a su inquebrantable culto al déficit cero, cuya sacralización fundamentan, como dogmas de fe, en argumentos que no se sostienen.

En contra de lo que el Gobierno del PP proclama, conseguir tal objetivo no se corresponde necesariamente, ni en el contenido ni en el horizonte temporal, con los compromisos adquiridos por España con la Unión Europea, y por tanto no se trata de una exigencia comunitaria; ni lo establecen expresamente la Ley 18/2001 General de Estabilidad Presupuestaria y la Ley Orgánica 5/2001, que plantean la necesidad de llegar a un acuerdo sobre el déficit, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, para que el conjunto de las administraciones públicas alcance el equilibrio presupuestario.

Establecer déficit cero en los Presupuestos no supone, en modo alguno, garantizar el crecimiento económico o la contención de la inflación. Así lo ha puesto en evidencia el propio Gobierno central a lo largo de este año 2002: ha revisado a la baja dos veces las previsiones de crecimiento económico que, del 2,9% establecido en los PGE para el presente ejercicio, se han quedado en un 2,2%; y el IPC se ha disparado hasta el 3,6% (según el último dato interanual) frente al 2% previsto, con lo que prácticamente se ha duplicado la inflación.

En suma, la falacia del PP acerca del déficit cero consagrado en los PGE 2002 está sobradamente demostrada, y supondrá mantener la misma línea que en los dos años anteriores. Según los datos publicados recientemente por Eurostat, las cuentas de 2000 se cerraron con un déficit del 0,6% sobre el PIB, exactamente el doble del 0,3% previsto; y en 2001, ejercicio que el Sr. Montoro calificó como 'el primero con déficit cero desde la llegada de la democracia', el déficit ha sido del 0,1% del PIB. En otras palabras, lo que ahora el ministro llama 'equilibrio presupuestario técnico' es que en 2001 se haya gastado 813 millones de euros de más (135.000 millones de pesetas).

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Y esta trayectoria está servida, asimismo, en los PGE 2003, donde una vez más han dibujado un escenario macroeconómico para su país de las maravillas, tan irreal y difícil de cumplir como el anterior, y que, para no predicar con el ejemplo, implicarán déficit.

Es más. En su afán por ser los primeros de la clase, el ministro de Hacienda ha hecho suyo el viejo dicho de 'haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago', al tratar de imponer el déficit cero a las Comunidades Autónomas y negarles el margen de maniobra que permiten la Unión Europea y la legislación española.

Y en su línea de la peor clase, tanto en el fondo como en la forma, el Sr. Montoro se ha apresurado a calificar de 'ilegales' los presupuestos de Andalucía que se están elaborando para 2003, cuando el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía siempre ha respetado y sigue respetando, de manera escrupulosa, el cumplimiento de la normativa vigente. Tampoco ha dudado en afirmar que el Gobierno andaluz 'despilfarra y endeuda a los ciudadanos', cuando Andalucía es, entre las Comunidades Autónomas del mismo nivel competencial, la segunda Comunidad menos endeudada por habitante, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Banco de España el 30 de junio de 2002.

En una nueva pirueta de argumentos ficticios, el ministro no ha dudado -y ésta es la primera cuestión de fondo- en tergiversar lo establecido por la Ley 5/2001, en cuyo artículo 8, y en contra de lo que él dice, prevé expresamente que las Comunidades Autónomas puedan presentar presupuestos con déficit. La segunda es que el ministro se adjudica unas facultades en materia de endeudamiento de las Comunidades Autónomas, que no le atribuye el marco legal que articula el Estado de las Autonomías.

Por otra parte, el ministro de Hacienda se adentra en la máquina del tiempo para vaticinar el futuro de las cuentas andaluzas, y amenazar en el presente con 'regular la capacidad de endeudamiento' de la Comunidad Autónoma. De esta manera -y he aquí las cuestiones de forma- el imprescindible y exigible respeto al Gobierno andaluz, como representante de la voluntad democrática de todos los andaluces, es vulnerado, por enésima vez, por el Gobierno del PP. Un Gobierno que, además, niega la legitimidad del diálogo, como vía de participación y posicionamiento establecida en la propia Ley, al rechazar el ministro la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, solicitada por la Comunidad Autónoma de Andalucía, para estudiar la revisión del objetivo de déficit cero, en línea con las nuevas posiciones adoptadas en el seno de la Unión Europea y de acuerdo con dicha Ley, que fue aprobada por el Parlamento español.

El Gobierno del PP disfraza la realidad económica y el contenido de la Ley, y trastoca de manera inadmisible las reglas de juego democrático, en aras de su obsesión por 'sostenella y no enmendalla'. La sinrazón de su empecinamiento en ser los primeros de la clase del déficit cero, les sitúa los últimos de la fila en una asignatura fundamental: el diseño de una política presupuestaria que contemple medidas adecuadas a las necesidades que plantea la situación económica actual del Estado español en su conjunto, esto es, el Estado de las Autonomías establecido en nuestra Carta Magna. No se trata de gastar por gastar, sino de garantizar el progreso de todos los ciudadanos.

Magdalena Álvarez Arza es consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.

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