El 'modelo Zaplana' de asistencia a mayores pierde fuelle en Valencia

La asistencia a mayores es, con la Sanidad, una de las áreas en las que la Generalitat Valenciana ha llegado más lejos en la gestión privada de servicios públicos. El primer paso en este camino comenzó en 1996 con las ayudas a amas de casa con ancianos a su cargo, una fórmula que el ministro de Trabajo y Servicios Sociales y anterior presidente valenciano, Eduardo Zaplana, quiere exportar a toda España y que en Valencia está en retirada porque no ha llegado a cuajar. Anunciadas con un presupuesto de 27 millones, las ayudas nunca superaron los 10, y este año se han reducido a 5,8 millones.

Este programa de ayudas a las amas de casa con mayores a su cargo se presentó en plena campaña a las elecciones autonómicas de 1995 por parte del entonces candidato Eduardo Zaplana y el actual presidente de la Generalitat, José Luis Olivas (entonces dirigente del PP), como un medio de 'favorecer la integración laboral de las amas de casa' y con el objetivo de fondo de hacer frente a listas de espera en las residencias de la tercera edad.

Un primer presupuesto elevó a 27 millones de euros el dinero que se destinaría a este fin y a más de 22.000 las beneficiarias. Nunca se llegó a estas cifras. Este año, el dinero destinado son 5,88 millones de euros, la mitad del presupuestado que hubo en 2001 y menos de una cuarta parte de los 27 millones anunciados. En sus seis ejercicios de vida nunca ha rebasado los 11,2 millones de euros anuales y las 7.046 beneficiarias. Su evolución ha mantenido un trayecto muy irregular, que ni en el mejor de los años ha evitado las listas de espera.

Tras la victoria electoral de 1995, en plena euforia, el PP llegó a elevar la estimación presupuestaria del plan a los 48 millones de euros. A la hora de plasmar la partida en los presupuestos de 1996, sin embargo, quedó reducida a seis millones y se limitó a familias con renta per cápita inferior a 4.200 euros.

En el primer ejercicio se beneficiaron 3.343 mujeres y sólo se gastaron 2,9 millones de euros, según los datos de la Consejería de Bienestar Social. En 1997 se gastaron 6,2 millones y aumentaron las beneficiarias hasta 4.395, aunque no fue suficiente para absorber la oferta. Otras 2.662 peticiones fueron denegadas por falta de presupuesto. En 1998 se produjo un ligero aumento presupuestario hasta los 6,6 millones, aunque el incremento más elevado tuvo lugar en 1999: se alcanzaron los 11,2 millones. Pero esta subida siguió sin ser suficiente para cubrir la demanda. La denuncia que ha reiterado año tras año el partido socialista sobre estas ayudas es que se conceden hasta que se acaban los fondos por orden de entrada y el presupuesto nunca ha sido suficientes para cubrir las peticiones. 'Es una ayuda electoralista y clientelista', apunta el diputado de las Cortes Valencianas Antonio Torres, ya que la Consejería de Bienestar Social decide unilateralmente las ayudas que concede sin contar con los servicios sociales de los ayuntamientos. Esta situación, añade, provoca que los ayuntamientos desconozcan los beneficiarios de sus municipios y se produzca duplicidad de ayudas. A ello se suma su naturaleza 'graciable'. Como no están reconocidas por ley, denuncian los socialistas, se trata de una subvención que se se revisa de año en año en función de los presupuestos y nunca alcanza la categoría de derecho consolidado.

En 2000 se cambiaron las condiciones. Las ayudas -antes entre 60 y 150 euros- se situaron entre 90 y 180 euros. Además, se alcanzaron los 10,8 millones de presupuesto inicial (se gastaron 10,2) y se ayudó a 5.727 mujeres. En 2001 el presupuesto creció nuevamente hasta los 12 millones de euros y se gastaron 10,2, aunque crecieron las beneficiarios hasta 6.086. El bajón importante se ha producido este año.

El presupuesto inicial se fijó en 6,01 millones de euros, que se ha reducido desde el 11 de septiembre pasado a 5,88 millones, una cantidad que puede atender a unas 3.600 mujeres y que 'se aumentará los próximos meses', según fuentes oficiales de Bienestar Social. Pero lo cierto es que el presupuesto nunca había sido tan bajo desde los dos primeros años de aplicación de esta fórmula.

Desde la Consejería de Bienestar Social de la Generalitat, que dirige Rafael Blasco -que también fue consejero con el Gobierno socialista de Joan Lerma-, ya no se apoya esta medida que pretende aplicar ahora Eduardo Zaplana a nivel estatal. 'Está desfasada', apuntan fuentes del departamento. 'Tuvo sentido en su tiempo', pero se pretende superar con otros programas como las deducciones fiscales por cuidados a personas dependientes o a empleados domésticos que se contemplan en la futura ley de igualdad, destacan.