Los ejemplos francés y alemán

Francia y Alemania encarnan dos maneras distintas de abordar la atención a personas dependientes. Mientras en la primera se han implantado ayudas estatales a quienes no pueden valerse por sí mismos, en la segunda se ha establecido un seguro público obligatorio para sufragar los costes de asistencia.

Alemania cuenta desde 1995 con un seguro público y obligatorio para cubrir estos gastos. Lo sufragan, a partes iguales, los trabajadores y las empresas. Cada mes aportan en total el 1,7% del salario bruto al sistema de seguridad social. Los jubilados también deben contribuir.

Este seguro cubre la asistencia a domicilio o la residencia en hogares especiales, donde la persona recibe un tratamiento ambulatorio o clínico. En 1999, las cajas de enfermedad gastaron 16.300 millones de euros, según el Servicio Federal de Estadísticas. Este dinero cubrió los costes del cuidado de 2.016.000 personas. De ellas, 1.440.000 (61,6%) recibieron apoyo en su domicilio o en otra casa privada.

Toda persona dependiente tiene derecho a escoger entre ayuda en especie o en dinero. En el primer caso es atendida por un servicio de la Seguridad Social; en el segundo, el ciudadano recibe una ayuda económica con la que paga a la persona que le cuida, aunque sea familiar. Las ayudas mensuales son de 205, 419 o 665 euros. También se conceden ayudas para artículos como camas especiales.

En Francia existe una ayuda estatal específica para los mayores dependientes. Es la 'subvención por pérdida de autonomía'. Tienen derecho a ella todos los mayores de 60 años con dificultades para levantarse, vestirse o desplazarse, tanto si viven en su casa como en la de otra persona o en alguna institución, pública o privada. Permite pagar a alguien que apoye al anciano en esas tareas. Oscila entre los 450 y los 1.100 euros al mes por persona, en función de los recursos disponibles del afectado. Establecida por el Gobierno de Lionel Jospin, el actual Ejecutivo conservador advierte de que la financiación prevista es muy inferior al auge de la demanda: 715.000 solicitudes desde que entró en vigor, en enero pasado, hasta agosto. Ello hace temer dificultades de aplicación para una de las grandes leyes sociales del Gobierno socialista. También existen ayudas regionales y locales.