Experimentos de gestión privada

Junto a las ayudas a las amas de casa, otra de las fórmulas impulsadas por Zaplana (que reunió en 1998 a 40.000 jubilados en el estadio de Mestalla) fue subvencionar la estancia en residencias privadas de ancianos a través del denominado bono residencia, un cheque que se puede emplear en esos centros. La medida nació en 1996 y su presupuesto ha crecido de 0,9 millones de euros (368 beneficiarios) a 25,8 este año (5.264 beneficiarios). Pero en este caso las críticas no sólo vinieron de la oposición por tratarse, de nuevo, de ayudas graciables. También surgieron desde los propios servicios de inspección de Bienestar Social, que en un informe elaborado en 1999 subrayaron las 'tardanzas insostenibles' que se producían en la liquidación al beneficiario, que 'penalizaban a los usuarios sin recursos económicos'.

En 2001 la falta crónica de plazas no sólo se mantenía, sino que crecía de año en año. En octubre de ese año la lista de espera era de 2.879 personas, 1.100 más que el año anterior. Además, según los últimos datos comparativos entre autonomías del Ministerio de Trabajo (de 1999), la Comunidad Valenciana está a la cola -sólo superada por Ceuta- en plazas residenciales para la tercera edad.

Ante esta situación, la Generalitat lanzó a principios del año pasado una nueva apuesta que supuso un paso más en la colaboración con el sector privado. La Consejería de Bienestar Social cifró en 9.021 el déficit de plazas y convocó un concurso para distribuirlas en función de las necesidades por comarcas. Las empresas adjudicatarias se comprometieron a construir y gestionar los centros (de no más de 140 residentes) y, a cambio, la Administración se quedaba con una tercera parte de las plazas por 38,5 euros al día, a través de un contrato de 15 años con un máximo de dos prórrogas de cinco años.

El consejero de Bienestar Social, Rafael Blasco, justifica la gestión de los servicios sociales por empresas privadas en la 'incapacidad' de ofrecer las políticas de bienestar que piden los ciudadanos con fondos públicos. Incluso va más lejos y apela a otras fuentes de financiación de programas sociales públicos como los fondos sociales de las cajas de ahorro para cubrir el 'crecimiento exponencial' que experimenta la demanda.