La UE buscará un acuerdo con EE UU que permita su inmunidad en la Corte Penal

Romano Prodi se mostró firme este verano contra los pasos de EE UU para lograr acuerdos bilaterales de inmunidad con los países miembros de la Corte Penal Internacional (CPI). Sin embargo, el presidente de la Comisión Europea ha regresado de las vacaciones menos combativo y más comprensivo con quienes tratan de dar acomodo a las peticiones de Washington, pese a que los servicios jurídicos comunitarios opinan que viola el espíritu de ese tribunal. Los 78 países firmantes discutirán sus diferencias a partir de hoy en la ONU.

'La Comisión no se distancia de la evaluación h echa por los servicios jurídicos, pero, aunque no tiene una posición política al respecto, cree que hay alguna fórmula para llegar a un arreglo', declaró ayer a este diario un portavoz del comisario de Relaciones Exteriores, el británico Chris Patten, que en julio pasado se mostró muy irritado con la amenaza de EE UU de no respaldar misiones de paz de la ONU si no se encontraba una fórmula a sus exigencias de dar una inmunidad por un periodo de al menos un año a sus militares.

El portavoz de Prodi -que había reprendido a un candidato al ingreso en la UE, Rumania, por haber firmado un pacto con Washington sobre la CPI- también se acopló ayer a la sintonía escuchada el pasado fin de semana en la reunión informal de los ministros de Exteriores en Dinamarca al afirmar que estaba convencido de que los Quince alcanzarán una solución este mes 'sin socavar los principios del tribunal'. Británicos e italianos son los más proclives a suscribir acuerdos bilaterales con EE UU.

Expertos legales de los Quince se reunirán mañana en Bruselas para hacer una evaluación no política, que servirá de base de discusión para cuando los ministros de Exteriores europeos se encuentren con el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, este mes en el curso de la Asamblea General de la ONU.

'Este tipo de acuerdos bilaterales son ilegales y no hay base jurídica que los sostenga', manifestó ayer a este diario Richard Dicker, portavoz de Human Rights Watch. 'EE UU busca abrir fisuras entre quienes han ratificado el tratado y si lo logra dañará su eficacia. Después de Washington lo pedirán también India, China, Rusia...', agregó el responsable de esa organización proderechos humanos norteamericana.

También Amnistía Internacional censuró ayer la actitud de la Administración Bush y pidió a los Quince no ceder a las 'presiones norteamericanas' sobre la CPI, un tribunal internacional destinado a juzgar los crímenes de guerra, contra la humanidad y de genocidio. 'El objetivo de estos acuerdos es socavar y debilitar el nuevo sistema que la comunidad internacional está creando precisamente para acabar con la impunidad ante los peores crímenes que la humanidad ha conocido', afirmó AI en una carta enviada a los países miembros de la UE.

Los 78 países que hasta ahora han ratificado el estatuto de la CPI tendrán ocasión de comprobar sus diferencias sobre la identidad y el funcionamiento de este tribunal durante la primera Asamblea de Estados Miembros que empieza hoy en la sede de la ONU. La reunión espera sentar las bases de la CPI y cimentar el compromiso de sus participantes, divididos por la oposición de EE UU y las disensiones europeas. Ésta debía ser una reunión técnica de puesta a punto, un motivo de celebración para la justicia internacional después de la entrada en vigor, el pasado 1 de julio, del estatuto de la Corte. La feroz oposición de Washington, que contesta la autoridad de la CPI, puede convertir esta asamblea en una reunión mucho más política y polémica.

Elección de los jueces

Hace mes y medio, Washington consiguió de la ONU una inmunidad de un año para sus cascos azules. Desde entonces no ha cesado en su campaña contra la CPI y ha intentado forzar un pacto similar con la OTAN. A principios de agosto, el presidente George W. Bush ratificó el American Servicemember's Protection Act (ASPA), que protege a los estadounidenses de las actuaciones del tribunal.

Aparte de examinar cuál es exactamente el alcance del artículo 98, invocado por Estados Unidos para firmar acuerdos bilaterales de inmunidad, otro de los temas centrales de la reunión, que ya tiene divididos a sus miembros, es la elección de los 18 jueces de la Corte. Los países del grupo occidental prefieren que los magistrados sean elegidos con criterios puramente profesionales en función de su experiencia en derecho internacional. Los países de Asia y África, que son minoría, piden una representación por regiones. Costa Rica y México han propuesto una solución intermedia, que tenga en cuenta ambos criterios. La CPI espera tener resueltos estos temas para empezar a funcionar en 2003 desde La Haya.

La Asamblea durará hasta el 10 de septiembre. Hoy debería ser elegido su presidente, cargo que con toda probabilidad recaerá en el embajador de Jordania ante la ONU, el príncipe Zeid Ra'ad Zeid al Hussein.