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EE UU veta la misión de la ONU en Bosnia al no lograr inmunidad para sus soldados

Estados Unidos rechaza que sus 'cascos azules' puedan ser juzgados por este tribunal

Estados Unidos vetó ayer la renovación de la misión de la ONU en Bosnia, para torpedear la autoridad de la Corte Penal Internacional (CPI), un tribunal encargado de juzgar los crímenes contra la humanidad y que entra hoy en vigor. Washington usó su arma más contundente en el Consejo de Seguridad tras fracasar en su intento por mantener a sus cascos azules fuera de la jurisdicción de la CPI, una corte que no reconoce. El Consejo aprobó una prórroga técnica de tres días, pese al veto, para seguir discutiendo y evitar la retirada de sus más de 3.000 policías en Bosnia.

La votación fue rápida y contundente, apenas siete horas antes de que terminara el mandato de la misión (UNMIBH). El veto estadounidense se enfrentó a 13 votos en contra y una abstención (Bulgaria). Para evitar una crisis abierta, el Consejo de Seguridad aprobó una prórroga. Los estadounidenses accedieron a prorrogar la misión de Naciones Unidas 72 horas, hasta la medianoche del 3 de julio, aunque la propuesta francesa pedía dos semanas.

"El mundo no puede permitirse una situación en la que el Consejo de Seguridad esté tan profundamente dividido en una cuestión tan importante, que tiene consecuencias para todas las operaciones de paz de Naciones Unidas", enfatizó ayer el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, que estuvo presente en las deliberaciones.

Entre bastidores, en Washington, el Secretario de Estado, Colin Powell y la asesora en temas de Seguridad del presidente George Bush, Condoleezza Rice, se encargaron de las negociaciones con la ONU.

Pero las espadas están desenvainadas y nadie quiere retroceder. Incluso un aliado tan fiel como Gran Bretaña se mostró inflexible en su apoyo a la Corte Penal Internacional. "No soy muy optimista en cuanto a una solución, esto es una crisis voluntariamente provocada", aseguró ayer un diplomático europeo.

Estados Unidos presentó la semana pasada un borrador de resolución que excluye a sus cascos azules en Bosnia y a sus tropas de la fuerza de estabilización multinacional bajo mandato de la OTAN, la SFOR, de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto entra hoy en vigor. El Gobierno del presidente George W. Bush estima que ningún organismo internacional puede tener autoridad sobre sus hombres destacados en el extranjero, aunque sea bajo bandera de Naciones Unidas.

Washington quiso mininizar la crisis. "Estados Unidos ha contribuido y seguirá contribuyendo al mantenimiento de la paz y la seguridad en los Balcanes y en el resto del mundo", dijo el representante de Estados Unidos ante la ONU, John Negroponte, tras la votación, "pero no queremos que el personal estadounidense pueda ser víctima de persecuciones politizadas ante una corte cuya jurisdicción no aceptamos". "Con nuestras responsabilidades globales, somos y seguiremos siendo un objetivo especial y no podemos tomar nuestras decisiones en función de posibles actuaciones de la corte", agregó el diplomático estadounidense.

Francia ha propuesto un compromiso, basándose en el articulo 16 del Tratado de Roma, que en síntesis, aplaza durante un año el eventual procesamiento de los miembros de una misión de paz cuyo país de origen no haya ratificado la CPI. Es una fórmula legal que aplacaría las inquietudes estadounidenses sin socavar la autoridad de la Corte.

¿Será suficiente? "Tenemos un serio problema y queremos que sea discutido", insistió el viernes el número dos de la misión estadounidense ante la ONU, James Cunningham. Los miembros del Consejo de Seguridad han tratado de hacer entender a los estadounidenses que la Corte no tiene como objetivo perseguir al personal de la ONU, sino a criminales

Timor Oriental

"Washington cree que no hemos tomado en serio su problema pero subestiman las obligaciones morales y legales de los países que han ratificado o firmado el CPI", resaltaba una fuente diplomática. "Cedieron cuando renovamos la misión en Timor Oriental, hace un mes, porque tenían a poco personal pero esta vez están decididos a seguir con su postura porque no quieren que esto se repita para cada operación de los cascos azules".

La crisis estalla el primer día en que entra en vigor el estatuto de la Corte Penal Internacional, un tribunal que podrá juzgar a individuos acusados de crímenes de guerra, genocidio, lesa humanidad y agresión. El Estatuto de la CPI recabó el pasado abril las 60 firmas necesarias para su entrada en vigor y ha sido ratificado por 71 países, incluidos todos los de la UE. Podrá juzgar a los autores de crímenes contra la humanidad, de genocidio y de guerra sólo si estos no pueden ser enjuiciados o investigador por sus propios países.

Negroponte insistía ayer en que los países que no han firmado la CPI no pueden caer bajo su autoridad. El resto de los miembros del Consejo estiman sin embargo que una excepción a la regla invalidaría la misión del primer tribunal de este tipo y podría ser utilizada por los países que realmente quieren violar la legislación internacional.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 1 de julio de 2002