Powell confirma la renuncia de EE UU a participar en la Corte Penal Internacional
La decisión de la administración de Bush significa que EE UU no reconocerá la jurisdicción de esta institución ni se someterá a sus mandatos
El secretario de Estado estadounidense, Colin Powell, ha confirmado que Estados Unidos no ratificará el tratado para la creación de un Tribunal Penal Internacional (CPI), por estimar que la corte no se debe a ninguna autoridad superior y que podría prevalecer sobre los tribunales de este país, como ya adelantó ayer el diario The New York Times.
"De aquí a mañana o poco más, EE UU notificará al secretario general de la ONU, Kofi Annan, que no ratificará el tratado sobre la corte internacional y que no tenemos intenciones de ratificarlo", ha declarado Powell a la cadena de televisión ABC.
Powell ha añadido que la corte no estará bajo las órdenes de ninguna autoridad más alta, ni siquiera del Consejo de Seguridad de la ONU. "Creemos que ésta no es una situación apropiada para nuestros hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas o nuestros diplomáticos y líderes políticos", agregó.
En su edición dominical, el The New York Times ya aseguraba que Gobierno estadounidense renunciará oficialmente a la firma del tratado que instaurará la CPI. Según el periódico, se dispone a denunciar el documento ya firmado por la administración Clinton.
La decisión estadounidense significa que EE UU no reconocerá la jurisdicción de la institución judicial y no se someterá a sus mandatos.
El "error" de Clinton
"Estimamos que es un error haber firmado el tratado. Hemos precisado que no vamos a someter el texto al Senado para su ratificación", ha declarado un responsable de la Administración Bush a la cabecera.
La CPI se hizo realidad el pasado 11 de abril en la sede de la ONU en Nueva York, cuando se superó la barrera de 60 países que habían ratificado el Estatuto de Roma. Este tratado fue firmado también en nombre de Estados Unidos por el ex presidente Bill Clinton el 31 de diciembre de 2000, pero nunca fue sometido a ratificación a causa de la oposición en el Congreso.
La Corte, en los términos de este Estatuto elaborado durante una conferencia internacional organizada en julio de 1998 en Roma y firmada por 139 países, iniciará su existencia oficial el 1 de julio.
Instalada en La Haya, independiente de las Naciones Unidas, es el primer tribunal internacional permanente en condiciones de juzgar a las personas acusadas de crímenes como genocidios, crímenes contra la humanidad o de guerra.
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