Ibarretxe planea proponer la reforma del Estatuto vasco

El lehendakari, Juan José Ibarretxe, estudia iniciar el proceso de reforma del Estatuto de Gernika y podría anunciarlo en el pleno del debate de política general que el Parlamento vasco celebrará a finales de septiembre, según confirman fuentes oficiales del Gobierno vasco. El objetivo de la revisión sería, según esas fuentes, 'la clarificación de manera definitiva del grado de autogobierno de Euskadi y el establecimiento de unas cláusulas de garantía para su cumplimiento', y se ubicaría en el marco de la legalidad vigente, el Estatuto refrendado en octubre de 1979.

Con esta iniciativa, el lehendakari pretende responder 'al incumplimiento del Estatuto de Gernika por parte del Gobierno central', desarrollando las resoluciones aprobadas por el Parlamento vasco el pasado 12 de julio. En esa sesión monográfica sobre el autogobierno, los partidos del Ejecutivo vasco (PNV, EA e IU) sacaron adelante por mayoría simple, entre otros acuerdos, dar al Gobierno central un plazo de dos meses para que presente un calendario de cumplimiento de las 37 competencias que reclama el Ejecutivo vasco como pendientes de traspaso.

'La vía de desarrollo del Estatuto de Gernika ya se ha acabado'

'El Ejecutivo vasco pretende ampliar el autogobierno por la vía de la legalidad'

'Está muy claro que Euskadi no va disponer de la Seguridad Social [la competencia más importante del paquete de 37 que se reclama desde Vitoria]. La vía del desarrollo del Estatuto ya se ha acabado', señalaron ayer las fuentes del Ejecutivo vasco consultadas, valorando la actitud del Gobierno central. Ésta se materializó en una carta del ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, a mediados de agosto, en la que exigía a Ibarretxe la renuncia a aspiraciones superadoras del Estatuto, así como una actitud favorable a la ilegalización de Batasuna, antes de presentar el calendario reclamado por el lehendakari. Además, en cartas anteriores, el ministerio ya había adelantado que sólo consideraba pendientes de traspaso siete de las 37 competencias reclamadas.

En el pleno del Parlamento vasco del 12 de julio, los partidos del Gobierno de Ibarretxe abrieron otra posibilidad: asumir unilateralmente las competencias reivindicadas si el Ejecutivo central rehusaba la negociación. Pero, el Gabinete vasco ha descartado esta vía en las últimas semanas por la imposibilidad formal y material de cumplir la amenaza. Un experto jurista vinculado al Ejecutivo de Vitoria apunta que el propio Estatuto fija que el traspaso de la principal materia reclamada, el régimen económico de la Seguridad Social (la recaudación de las cuotas de los trabajadores y el pago de las pensiones), se realice 'en un marco de convenio con el Ejecutivo central, lo que hace imposible que pueda asumirse de forma unilateral'.

Lo mismo sucede con otras competencias, como aeropuertos, que sería compartida con instituciones del Gobierno central. Hay también otro paquete que el Gabinete de Ibarretxe ya ejerce de hecho parcialmente, por la vía de la capacidad de fomento, como es el caso de la investigación, políticas de empleo y algunos programas sociales en las prisiones. En este caso, lo máximo a que podría aspirar es a deducir las cantidades dedicadas a estos fines del cupo, la cantidad que Euskadi paga cada año al Estado por los servicios no traspasados.

Por todo ello, el Gobierno vasco ha descartado esta vía, enunciada en las resoluciones parlamentarias del 12 de julio, y estudia ahora la posibilidad de soslayar esas dificultades, abordando directamente la reforma del Estatuto de Gernika. El proceso se recoge en su artículo 46. Para iniciarla basta que lo proponga una quinta parte del Parlamento vasco (15 diputados). Pero la aprobación del Estatuto reformado requiere la mayoría absoluta de la Cámara vasca y el respaldo, con la misma mayoría, de las Cortes Generales. Dado que los partidos del Gobierno vasco sólo suman 36 de los 75 parlamentarios, necesitarían ineludiblemente el apoyo de otro partido. Bien el de Batasuna -lo que se descarta a a priori, porque ese grupo rechaza cualquier vía estatutaria-, bien el del PSE o el PP, poco probable en las actuales circunstancias. No obstante, el PNV cuenta con que pasarán muchos meses, desde la puesta en marcha de la iniciativa hasta su aprobación, en los que se puede alterar sensiblemente el tablero de la política nacional.

La voluntad del Ejecutivo vasco, que ahora estudia esta fórmula, es 'seguir el proceso de ampliación del autogobierno dentro de las reglas de juego marcadas por la ley' y 'abrir un proceso de diálogo para lograr el mayor consenso posible', afirman las fuentes consultadas. De algún modo, Ibarretxe pretende contraponer esta decisión de ampliar el autogobierno desde el Parlamento vasco a la decisión mayoritaria de las Cortes de poner en marcha la ilegalización de Batasuna a través de la Ley de Partidos. Insiste en que, así como se ha ejecutado en Euskadi el auto del juez Baltasar Garzón que suspende las actividades del partido aberzale -pese a que estima que 'sólo sirve para crear más crispación en la sociedad vasca y un mayor coste para el Ejecutivo vasco y la Ertzaintza'-, el proceso de ampliación del autogobierno también irá por la senda de la legalidad.

La vía de la reforma del Estatuto aparece apuntada en las resoluciones aprobadas en julio por el Parlamento vasco. Concretamente, en la que aboga por la 'la actualización y profundización del autogobierno vasco a través de una reforma del marco jurídico que responda a las aspiraciones actuales libres y democráticamente representadas del pueblo vasco' y se insta a las instituciones a iniciar 'un nuevo proyecto o proyectos de ordenamiento jurídico'.