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Washington pide a Colombia inmunidad para sus soldados

La ayuda militar enviada al presidente Uribe podría estar en juego

Estados Unidos espera que 'tan pronto como sea posible' se firme un acuerdo bilateral con Colombia que prohiba la extradición de sus soldados en caso de ser requeridos por la Corte Penal Internacional (CPI). Se trata de una verdadera prueba de fuego para el nuevo presidente, Álvaro Uribe, cuyo país depende en gran medida de la ayuda estadounidense en su lucha contra el narcotráfico y la guerrilla.

El Gobierno colombiano creó una comisión interdisciplinaria para estudiar la solicitud de Estados Unidos que quiere garantizar la inmunidad de sus soldados frente a la CPI, según anunció Carolina Barco, ministra colombiana de Exteriores, citada el pasado lunes ante el Congreso.

Esa exigencia ha levantado una fuerte polémica en Colombia, uno de los mayores receptores de ayuda militar estadounidense en el mundo. Si el Gobierno de Uribe la rechaza, corre el riesgo de perder la ayuda de la cual depende para luchar contra el narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares. Si la acepta, será visto como un arrodillado.

Editorialistas y columnistas han calificado la exigencia de 'antipática e imperial'. En un informe del diario El Tiempo la mayoría de los analistas consultados apuestan a que Colombia dirá sí a esta exigencia. Algunos creen que el Gobierno debería jugársela rechazando la presión, pues a EE UU le quedaría muy difícil justificar la reducción de la ayuda a Colombia. Así piensa el senador Jimmy Chamorro: 'Ésta no es una ayuda altruista. Es una ayuda de interés nacional para EE UU'.

Hace tres años, Washington entregó 1.300 millones de dólares para el componente militar del llamado Plan Colombia destinado a la lucha contra el narcotráfico. El próximo mes se espera la aprobación adicional de más de 500 millones de dólares. Según un informe oficial de finales del año pasado, en Colombia había 177 militares y 220 civiles estadounidenses, actuando como contratistas. Como subcontratistas del Departamento de Estado, trabajan dos empresas privadas de servicios militares: la Militar y Professional Resources Incorporated y la DynCorp.

La ONG Comisión Colombiana de Juristas asegura, en una carta enviada el lunes a Uribe, que celebrar este acuerdo significaría 'autorizar que cualquier persona de ciudadanía estadounidense realice actos de genocidio o cometa impunemente en nuestro país crímenes de guerra o de lesa humanidad'. Si el Gobierno lo aprueba, el acuerdo debe tener el visto bueno del Congreso y de la Corte Constitucional. 'El camino legislativo no será fácil', asegura el senador Chamorro, quien ve esta imposición como 'una bofetada contra el derecho internacional humanitario'. ]

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 28 de agosto de 2002