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El Supremo de Venezuela exime del delito de rebelión a los autores del golpe de abril

Los cuatro militares quedan en libertad porque actuaron "para salvaguardar el orden"

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela aprobó anoche, por 11 votos contra 8, una ponencia que libera, al eximirlos del delito de rebelión, y por tanto de juicio, a cuatro jefes militares implicados en el golpe de Estado del 11 de abril en ese país. Actuaron, señala el fallo, para salvaguardar el orden. La sentencia enfureció a los manifestantes gubernamentales que la aguardaron durante ocho horas, y los más violentos trataron de romper el cordón de la Guardia Nacional que protegía la sede del tribunal.

Fueron disueltos con gases lacrimógenos. Un cámara y un guardia sufrieron heridas de bala. El polémico fallo beneficiará a otros 250 mandos bajo investigación y arresto domiciliario.

La ponencia contraria al enjuiciamiento de los generales Vasquez Velasco y Pedro Pereira, del vicealmirante Héctor Ramirez y contralmirante Daniel Comisso, fue presentada por el magistrado Franklin Arrieche. Este juez es considerado afín a Luis Miquilena, ex mentor político del presidente, Hugo Chávez, a quien abandonó meses atrás para pasar, con nueve diputados leales, a la oposición. Todo cambio entonces. El veterano político, durante muchos años miembro del Partido Comunista de Venezuela, participó activamente en la designación de la mayoría de los 20 miembros del Tribunal Supremo.

El Ejecutivo también movió sus hilos, actuando discretamente sobre los magistrados que consideraba fieles, pero la correlación de fuerzas en el cuerpo colegiado le perjudicaba. El Gobierno ya había perdido dos votaciones anteriores por dos y un voto. En la votación de anoche, definitiva, se ausentó un magistrado.

René Buroz, abogado del general Héctor Vasquez, confirmó la sentencia favorable a su defendido: "Primero quedó establecido que no hubo rebelión militar, y, segundo, los oficiales quedan a partir de ahora en plena libertad". Dos ponencias votadas en días pasados, favorables al enjuiciamiento, fueron rechazadas, por la mayoría simple de un tribunal claramente adscrito a las tesis de la oposición, o del Gobierno.

Pruebas silenciadas

El Tribunal Supremo dictó ayer el sobreseimiento negando la existencia de una movilización armada de los cuatro jefes, y argumentando vacío de poder el día del golpe pues ese mismo día el alto mando, el general Lucas Rincón, había anunciado la renuncia del presidente, Hugo Chávez. El residente del Tribunal Supremo, Iván Rincón, votó contra la ponencia negando solvencia al argumento de la actuación castrense fue para salvaguardar el orden público.

"Lo que más me llamó poderosamente la atención y eso me llevó disentir absolutamente desde la primera hasta la última página de la ponencia, y así la mayoría de mis compañeros, es que se silenció totalmente, el análisis de las pruebas", destacó Rincón. "Es decir, todos los vídeos que consignó el fscal, todas esas pruebas están silenciadas en la ponencia. No se analizaron. O sea, la ponencia contiene un análisis pormenorizado de lo que es la conducta de lo que alegó la defensa. No se analizó una sola prueba".

La Guardia Nacional había protegido la sede del Supremo desde la mañana temiendo reacciones violentas. Portavoces oficiales acataron anoche la sentencia, e insinuaron reformas judiciales. "Ahora resulta que no asistimos a un golpe de Estado, sino a una pesadilla", ironizó William Dávila, presidente de la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, que recupera la memoria a los dos años de haberse constituido el Supremo. "Vamos a investigar a tres miembros del Tribunal Supremo", apuntó, "y puede ocurrir que sean revocados por nulidad en su pasado nombramiento, al haber presentado documentación falsa".

Hugo Chávez fue derrocado el 12 de abril después de que, el día anterior, una masiva manifestación contra su mandato fuera disuelta a tiros, con 16 muertos y cientos de heridos, cuando se dirigía hacia la sede presidencial. Poco antes, los mandos investigados habían desobedecido la orden de desplegar tropas para proteger el edificio, temiendo, según justificaron, un baño de sangre. El presidente quedó detenido en varias instalaciones castrenses hasta su liberación al producirse, en los cuarteles y en la calle, un vuelco en la correlación de fuerzas. El empresario, Pedro Carmona, Pedro el Breve, que había encabezado un Gobierno de facto de menos de 48 horas huyó a Colombia.

"Vamos a desconocer esa decisión [la exoneración] porque ya está cocinada", anticipaba de vísperas Carmelo González, quien dijo pertenecer al Frente de Resistencia Popular, en la constelación chavista. Exige la disolución del Tribunal Supremo, cuyos miembros "están siendo tocados por el imperialismo yanqui y por los poderes económicos". Chávez, acusado de haber amenazado al tribunal cuando el domingo dijo que "el pueblo no se va a calar [tragar]" un fallo eximente, pidió este martes, por la mañana, aceptar la decisión "nos guste o nos guste". Su vicepresidente, José Vicente Rangel, pidió anoche el acatamiento.

"Ya esto cambió"

La ponencia de Franklin Arrieche, justificó a los jefes encausados subrayando que actuaron movidos por el anuncio de la renuncia del presidente, Hugo Chávez, por el entonces inspector jefe de las Fuerzas Armadas, general Lucas Rincón Romero. Lo hizo, por televisión, flanqueado por el generalato.

Durante su comparecencia ante la Asamblea Nacional, para explicar su comportamiento entre los días 11 y 14 de abril, este general dijo que intentó, sin éxito, que la marcha hacia el Palacio de Miraflores desviara su rumbo. Entonces, comunicó al presidente su temor a cruentos enfrentamiento.

"El presidente me respondió: 'yo no quiero un derramamiento de sangre, no quiero ni siquiera una gota de sangre, con nadie ni siquiera entre nosotros". Lucas Rincón, según propia confesión, propuso a Chávez anunciar públicamente que la oficialidad le estaba pidiendo su renuncia para calmar los ánimos. "El señor presidente me manifestó: 'que estudiaría esa situación, siempre y cuando estuviese apegado a la Constitución y se cumplieran ciertas garantías".

"Después de ese momento yo no tuve más contacto, se me cayó la telefonía celular y el [aparato de] radio estaba descargado", agregó el general. "Entonces yo me permití redactar a mano el texto que anuncié con toda responsabilidad y siempre, repito, orientado a evitar un enfrentamiento entre el sector militar y un enfrentamiento entre la población civil".

La noche del golpe, el vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, comunicó al inspector jefe que la autoridad del presidente, Hugo Chávez, había dejado de ser acatada. "Mire, general, ya esto cambió, yo soy la nueva autoridad militar", subrayó. "En ese instante, me manifestó que él estaba desde hacía seis meses en esto.

Mientras Hugo Chávez analizaba la situación con sus mandos fieles, el jefe del Estado Mayor de la Aviación y otros generales también desconocían su mando. En ese mismo sentido, se pronunciaban jefes de la Infantería de Marina y de la Guardia Nacional. "Tecnicismos legales aparte, hubo una rebelión, insubordinación o golpe de Estado. Es como calificar a las arrugas líneas de expresión", comentaba ayer un observador extranjero discrepante.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 15 de agosto de 2002

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