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El Supremo de Venezuela ahonda la división del Ejército al exculpar a los jefes golpistas

Chávez acepta el fallo judicial mientras sus seguidores se manifiestan en las calles de Caracas

El fallo del Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ) que exculpó a cuatro jefes implicados en el golpe del 11 de abril fracturó de nuevo los cuartos de banderas y animó el eventual enjuiciamiento del presidente, Hugo Chávez. Observando la promisoria correlación de fuerzas en el tribunal, la oposición lo exige culpándole de la matanza que habría de conducir aquel día a su breve derrocamiento. Manifestantes gubernamentales chocaron la noche del miércoles con la Guardia Nacional y se registraron 15 heridos, dos de bala.

El Gobierno, que acató el fallo, estudia la reforma del TSJ para evitar que la oposición lo convierta en ariete, y promoverá una campaña internacional de protesta. El Supremo, obediente con el oficialismo mientras su principal muñidor, el ex ministro Luis Miquilena, permaneció en la Administración de Chávez, eximió del delito de rebelión a los cuatro encausados, argumentando que actuaron para salvaguardar el orden. Lo hicieron, agrega, después de que el alto mando, el general Lucas Rincón, anunciara la renuncia del presidente.

'Ninguno de los pronunciamientos de los imputados tuvo la intención de impedir o dificultar el ejercicio de gobierno', establece el fallo. 'Cada uno de ellos tuvo como causa unos hechos de violencia que se estaban produciendo en el país, como consecuencia de la marcha del 11 de abril, y de la implementación del Plan Ávila'.

El 11 de abril, una masiva marcha opositora se dirigió hacia el Palacio de Miraflores, sede de la presidencia, exigiendo la destitución de Chávez. Francotiradores y pistoleros, unos afectos al Gobierno y otros a la oposición, a juzgar por la dirección de los balazos, la filiación de las víctimas y el curso de las investigaciones, mataron a 18 personas y más de 100 sufrieron heridas. Chávez había ordenado activar el Plan Ávila, el despliegue de tropas y blindados en los accesos al palacio, pero fue desobedecido. Chávez fue conminado a abandonar el poder. Un Gobierno de facto, presidido por el empresario Pedro Carmona, le sustituyó durante casi 48 horas.

'Tenemos que respetar el juego democrático. Llamo a la calma a todos los compatriotas', pidió el vicepresidente del Gobierno, José Vicente Rangel. 'No podemos reproducir en el campo del Gobierno las reacciones irracionales de la oposición, que respetan las decisiones de las instituciones sólo cuando les conviene'. La sentencia del TSJ establece, asimismo, su repudio 'por el genocidio perpetrado por los círculos oficialistas contra la sociedad civil indefensa'. Esa condena fue aprovechada por los abogados de la defensa de los cuatro mandos y por portavoces de la oposición para estimular el eventual enjuiciamiento de Chávez por 'delitos de lesa humanidad'.

El fallo, que acentúa las divisiones existentes en Venezuela desde el comienzo de la revolución bolivariana, no pasó inadvertido en los cuarteles, tan polarizados como la sociedad. Los militares sujetos a investigación, unos 250 generales, coroneles y oficiales, aplaudieron unas conclusiones que les benefician.

General descontento

No ocultó su descontento el general de división Raúl Isaías Baduell, cuyos paracaidistas fueron determinantes en la reacción cívico-castrense que devolvió a Chávez a la presidencia. Jefe de la Cuarta División Blindada, con asiento en Maracay, capital militar de Venezuela, Baduell se dijo el martes 'soldado apegado a la Constitución y las leyes, pero también tengo algunas inquietudes al respecto, porque me correspondió ser actor en los hechos de abril'.

'Si estos oficiales no quebrantaron ninguna norma, entonces ¿quién las quebrantó?', se preguntó el jefe paracaidista. Baduell pidió revisar las actuaciones absueltas, en base a lo que establece el Código Orgánico Penal Militar. El fiscal general, Isaías Rodríguez, que interpuso la querella desestimada por el TSJ, pidió que se acate la sentencia, aunque se manifestó contra las consideraciones de la ponencia aprobada sobre la inexistencia de una rebelión armada. El presidente del Supremo, Iván Rincón, lamentó que los magistrados no hubieran analizado 'ninguna' de las pruebas presentadas.

Para cometer el delito de rebelión, dijo el fiscal, no es necesario desenfundar arma alguna, sino utilizar la intimidación de quienes las disponen. No hubo vacío de poder, ni renuncia voluntaria, ni explícita del presidente. 'De hecho, al presidente le amenazaron con bombardear Miraflores y enviarle los batallones Ayala y Bolívar. La presencia de las armas fue tácita'.

Más información en la página 50

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 16 de agosto de 2002