La Casa Blanca critica la orden judicial de revelar la lista de detenidos del 11-S
El Gobierno de George W. Bush expresó ayer su malestar por la decisión de una juez federal que el viernes por la tarde ordenó a la Administración que, en un plazo máximo de 15 días, hiciera públicos los nombres de todos los detenidos en las redadas posteriores al 11-S. Un portavoz gubernamental afirmó que era imposible obedecer la orden y a la vez garantizar la seguridad de los estadounidenses, pero no reveló si el Departamento de Justicia iba a apelar ante el Tribunal Supremo.
La juez federal Gladys Kessler, del distrito de Washington, dio la razón a las organizaciones a favor de las libertades y derechos civiles que presentaron la demanda, y afirmó que el Gobierno había sido incapaz de probar la necesidad de mantener un secreto total sobre la identidad de los más de mil detenidos después de los atentados, de los que en junio permanecían encarcelados, en paradero desconocido y sin acusación formal, unos 150. Robert McCallum, vicefiscal general encargado de los derechos civiles, aseguró que la decisión judicial 'daña los esfuerzos para llevar ante la justicia a los responsables de los odiosos ataques del 11-S, y aumenta el riesgo de futuras amenazas terroristas'.
