La vivienda, una preocupación de CiU

Sin duda una de las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos es el acceso a la vivienda. En los últimos años, los precios en Cataluña y en el conjunto del Estado han experimentado un constante incremento que dificulta, especialmente, el acceso a la vivienda de las personas con rentas más bajas. Abordar medidas tendentes a dar respuesta adecuada a este problema es responsabilidad de todas las administraciones. Estamos ante una preocupación compartida que precisa, también, responsabilidades y respuestas compartidas. Por tanto, la especial sensibilidad de CiU por las cuestiones sociales nos obliga a defender propuestas encaminadas a facilitar el acceso a la vivienda a nivel local, catalán y del Estado.

Es cierto que en la configuración final del precio de la vivienda inciden múltiples factores, de tipo social, económico e incluso internacional, que van más allá del ámbito puramente inmobiliario. Es evidente que circunstancias como el incremento de la contratación laboral o la disminución de los tipos de interés han implicado un aumento del poder adquisitivo y la estabilidad de los ciudadanos y, por tanto, han permitido liberar una demanda de vivienda contenida durante periodos de recesión. Sin embargo, estas circunstancias indiscutiblemente positivas, traducidas en presión sobre la oferta, en un mercado de demanda rígido como el que nos ocupa, han contribuido al incremento final de precios. Incluso factores como el que determinados capitales hayan optado por la seguridad de las inversiones inmobiliarias en momentos de incertidumbre bursátil pueden haber contribuido a aumentar la demanda y, por tanto, también los precios. Además, el fenómeno de la inmigración incide directamente en este ámbito, incrementando la demanda de vivienda social y reclamando políticas que aseguren la cohesión social.

Es misión de quienes tienen responsabilidades políticas dar respuesta a esta situación en la medida de lo posible. Por tanto, son necesarias políticas concertadas entre las administraciones (Estado, Generalitat, ayuntamientos), con auténtica voluntad política para ello, y son necesarias medidas de distinta índole, tanto a nivel legislativo como de ejecución material.

A nivel local, desde hace años, hemos denunciado la venta mediante subasta del suelo municipal que practican impunemente ayuntamientos como el de Barcelona, contribuyendo a la inflación de los precios y evitando destinar dicho suelo a vivienda social. Denunciamos también la construcción de viviendas sobre suelo destinado a equipamientos, renunciando por tanto a facilitar a los ciudadanos estas dotaciones y servicios, previstos desde hace más de 20 años en el caso de la ciudad de Barcelona. Sin embargo CiU y el Gobierno de la Generalitat, aunque la foto se la hagan otros, han apostado decididamente durante estos años por la renovación de barrios (Trinitat, Viviendas del Gobernador, Sudest Besòs, Polvorín, Via Trajana, etcétera) y la rehabilitación de viviendas, con una inversión, entre la ejecutada y la prevista, superior a 600 millones de euros. CiU ha apoyado y aprobado iniciativas del Gobierno catalán como la nueva ley de urbanismo, que apuesta, de forma decidida, por la promoción de vivienda social. La federación de CiU ha apoyado el programa de vivienda y suelo del Gobierno de la Generalitat, que ha implicado incrementos superiores al 30% anual en los presupuestos de la Generalitat para estas finalidades. Y CiU apuesta por el Plan Catalán de la Vivienda y el Proyecto de Ley de la Vivienda, que el Gobierno catalán presentará próximamente en el Parlament y que contribuirán claramente a facilitar el acceso a la vivienda en propiedad y de alquiler mediante ayudas a fondo perdido y préstamos subsidiados. A nivel del Estado se ha suscrito el convenio correspondiente entre el Ministerio de Fomento y el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas para la aplicación en Cataluña del Plan de la Vivienda 2002-2005 del Estado.

Y nosotros apostamos por la mejora de la fiscalidad de la vivienda, mediante bonificaciones en los tributos que la gravan, tanto estatales como autonómicos, y mediante estímulos a los promotores para que les sea rentable construir vivienda social, en régimen de propiedad y alquiler.

En este sentido van las propuestas normativas que el Gobierno catalán ha previsto y anunciado y que ojalá fueran compartidas por todas las fuerzas políticas. Por este motivo, lamentamos que una cuestión tan importante como ésta se haya utilizado recientemente en el Parlament de forma frívola, improvisada y por puro tactismo del PP y el PSC, los cuales han impulsado, con el voto de las otras fuerzas políticas a excepción de CiU, una moción técnicamente defectuosa y socialmente regresiva. Supondría aplicar una deducción de 600 euros en el tramo autonómico del IRPF a todos los arrendatarios sin tener en cuenta si la vivienda es la habitual o segunda residencia, el periodo de tiempo mínimo del alquiler, el tipo de vivienda, si es social o no y el nivel de rentas del posible beneficiario.

Si lo que pretenden es que un millonario que alquile el mes de agosto un chalet en la Costa Brava por dos millones de pesetas pueda deducirse el alquiler en su IRPF, a costa de los ingresos de la Generalitat de Cataluña y, por tanto, a costa de los servicios que presta a los ciudadanos, que no cuenten con nosotros. Si lo que pretenden es mantener la presión fiscal de las viviendas de los catalanes en los tributos competencia del Estado, que es la realmente gravosa, y simplemente disminuir los ingresos del Gobierno catalán, que no cuenten con nosotros.

En definitiva, para nosotros el problema de la vivienda debe abordarse desde el ámbito social (ayudas a jóvenes, familias numerosas, gente mayor, etcétera), desde el de las inversiones directas (promoción de suelo residencial, promoción pública de vivienda social, renovación de barrios, rehabilitación) y desde las políticas fiscales de vivienda, que deben mejorar la fiscalidad tanto respecto a los tributos del Estado como a los de la Generalitat. En este camino, ya iniciado por el Gobierno catalán sin necesidad de esta moción, siempre nos encontrarán.

Josep A. Duran i Lleida es presidente del comitè de gobierno de UDC y secretario general de la federación de CiU.