España necesita cinco incineradoras para residuos peligrosos, según Medio Ambiente

España necesita abrir cinco nuevas incineradoras -en la actualidad sólo funciona una, en Tarragona- para eliminar las 150.000 toneladas de residuos peligrosos que se generan anualmente y para los que no hay tratamiento alternativo. Así lo estima el borrador del II Plan Nacional de Residuos Peligrosos que ha preparado Medio Ambiente. El coste de las incineradoras, 900 millones de euros, supone el 80% de los 1.200 millones de euros en instalaciones para el tratamiento de los 14,5 millones de toneladas de residuos nocivos reciclables que se generan al año.

El plan se encuentra todavía en fase de depuración de datos, pero el Ministerio de Medio Ambiente confía en que dentro de unos dos meses podrá facilitarlo a las comunidades autónomas, los sectores industriales afectados y los agentes sociales para su discusión. 'Confiamos en tenerlo aprobado para finales de año', afirma el director de Programas de Residuos Industriales del ministerio, Manuel Matesanz.

El número de plantas de incineración necesarias para atender la demanda se deduce, según los autores del borrador, del volumen de residuos clasificados como incinerables: 500.000 toneladas anuales. El consultor ambiental Santiago Palomino, que ha colaborado en la redacción del documento de apoyo del plan, estima que 350.000 toneladas de esos residuos pueden ser quemadas en cementeras o in situ (en el lugar en el que se producen).

El problema son las 150.000 restantes, que poseen unas características diferenciales por los compuestos químicos adheridos y sólo son susceptibles de tratamiento por incineración en instalaciones adecuadas. Para esto, según los autores del informe, serían necesarias cinco plantas más para todo el país. Se calcula que cada una puede quedar unas 25.000 toneladas de residuos al año. Y, hasta el momento sólo existe una, radicada en la población de Constantí, cerca de Tarragona.

En la actualidad, los residuos peligrosos no reciclabes que se producen en España son exportados a terceros países o, en el caso de industrias irresponsables, dejados en vertederos, con el consiguiente riesgo para el medio ambiente.

Soluciones plurales

La incineración ocupa el último lugar en la jerarquía de los criterios de gestión de residuos peligrosos (también de los que no lo son) que establece el plan. Aunque es una práctica muy extendida en el resto de Europa, goza de mala imagen y es muy denostada por los ecologistas en España. Los propios expertos en el tratamiento de residuos reconocen que se ha producido un cambio cultural profundo con relación a la incineración. Quienes hace unos años consideraban que era la única alternativa para gestionar determinados desechos ahora están convencidos de que la tecnología permite utilizar otros sistemas.

Carlos Martínez Ordago, director del Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos (antiguo Club Español de Residuos), es uno de ellos. 'Ya no es como hace 15 años. Hoy contamos con soluciones más plurales', afirma, tras recalcar que hoy en día los requisitos para cualquier tipo de incineración, tratamiento térmico o cementeras son los mismos e igual de exigentes.

Por el momento, los industriales y gestores serios de residuos se ven obligados a exportar a Francia o terceros países los desechos para su combustión a un precio que oscila entre 0,24 y 1,05 euros por kilogramo. Los que no están dispuestos a pagar esas cantidades los arrojan directamente a vertederos.

Todo esto contrasta con el principio de disociar el binomio producción del residuos igual a crecimiento económico y con la necesidad de reducir al máximo los vertidos a basureros, como indicaba el V Programa de Acción Ambiental y Desarrollo Sostenible de la Unión Europea. En su explicación de motivos, el plan señala que la prioridad absoluta es reducir de forma drástica la generación de residuos, prevenirlos, recuperarlos o reciclarlos al máximo in situ y, como último recurso, eliminarlos (la incineración).

Para poner el plan en marcha se ha hecho un intento de diagnóstico sobre el estado de los residuos peligrosos. Los datos no son homologables. Cada autonomía tiene un criterio diferente, normas diferentes y cierta reticencia a ceder los datos. 'No los facilitan', apunta Martínez Ordago, 'porque se verían obligadas a meter mano, incluso a cerrar industrias, si se ponen firmes.

Martínez responsabiliza a la industria de no disponer de instalaciones idóneas para el tratamiento de sus residuos. 'Nadie sale a decir ante la opinión pública que son necesarias', cada vez que se pretende poner en marcha una iniciativa. '¿Cree la gente que son menos seguras que arrojar los desechos a los vertederos, como se hace ahora?'.

Expertos del sector estiman que mientras no se apliquen impuestos disuasorios a los vertidos de residuos peligrosos en vertederos, los industriales elegirán esta vía para librarse de ellos.

Dificultades

El director de gestión de residuos industriales de Befesa, José Núñez, cree que las dificultades que surgen cada vez que se plantea una instalación de separación o tratamiento de este tipo de residuos se deben a dos factores. Una es el mal recuerdo que han dejado algunos pésimos gestores de este tipo de materiales. Otra, el desconocimiento de la opinión pública, susceptible por tanto de ser víctima de falsas alarmas, sobre la peligrosidad de estas instalaciones. Así se dan casos de que lo que un alcalde ha autorizado es prohibido por su sucesor. Núñez propone regular por ley la participación en el proceso de decisión y seguimiento de todos los agentes sociales, como ocurre en Francia.