Cultura deja sin dotación al Centro de Estudios de la Guerra Civil

El funcionamiento del Centro de Estudios y Documentación de la Guerra Civil Española 'no podrá dar lugar a incremento del gasto público, se llevará a cabo con los medios personales y materiales existentes en el Archivo General de la Guerra Civil Española', según ha establecido una orden del Ministerio de Educación y Cultura publicada ayer en el BOE. La limitación presupuestaria y de personal contradice las posiciones y declaraciones mantenidas hasta ahora sobre la importancia y ubicación del Centro de Estudios por parte de los responsables del Ministerio de Cultura y del grupo popular del Ayuntamiento de Salamanca, especialmente del alcalde, Julián Lanzarote. Tanto el alcalde como la entonces ministra de Cultura, Esperanza Aguirre, utilizaron con reiteración este centro como uno de los pilares para justificar la existencia y funcionamiento del Archivo General de la Guerra Civil, creado como tal por acuerdo del Consejo de Ministros del 12 de marzo de 1999, en el que se estableció que se integra este Centro de Estudios y Documentación.

La orden publicada ahora determina que el centro 'podrá coordinar trabajos de investigación y publicaciones, así como organizar congresos, seminarios, exposiciones, mesas redondas, ciclos de conferencias y cualquier otra clase de actividades de interés relacionadas con la guerra civil española, los años que la precedieron y los posteriores hasta el restablecimiento de la democracia'.

Sin sede propia

La orden contradice el anuncio realizado hasta ahora por el alcalde, la ex ministra Aguirre y el entonces presidente del Gobierno regional, Juan José Lucas, en el sentido de que el nuevo centro contaría con una sede propia e, incluso, con un presupuesto significativo para su funcionamiento. Durante varios años se anunció que se fijaría la sede de este órgano de estudio y documentación en el céntrico palacio de Orellana, edificio renacentista del siglo XVI perteneciente a la familia nobiliaria Pérez de Herrasti, que lo tiene sometido a un reconocido grado de abandono.

En noviembre de 2000, el secretario de Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca, señaló en rueda de prensa que se había acordado situarlo en este palacio y consideró que era una sede 'digna, amplia y acorde con la importancia del centro que allí se pretende instalar'. Pocos meses después, en enero de 2001, el director general del Libro, Fernando Lanzas, adelantó la marcha atrás ministerial, asegurando que el establecimiento del centro 'no implica necesariamente tener una sede propia'.

Pese a ello, la decisión de contar con el palacio de Orellana siguió adelante. Sin embargo, ni la negociación emprendida por el alcalde ni la cesión jurídica manejada como fórmula de recambio permitieron adquirir el palacio de Orellana, ante lo cual el alcalde afirmó que se procedería a la expropiación del mismo, actuación favorecida por tratarse de un edificio declarado bien de interés cultural y que tenía signos evidentes de degradación.