El Supremo de EE UU anula más de 160 condenas a muerte dictadas por los jueces

El Tribunal Supremo de Estados Unidos dio ayer un nuevo paso para proteger los derechos constitucionales de los condenados a muerte al fallar que sólo los jurados, y no los jueces, pueden imponer la pena capital. El dictamen anuló las sentencias de al menos 168 condenados en cinco Estados y potencialmente las de otros 628 en otros cuatro Estados en los que los jurados recomiendan las condenas, pero son los jueces los que tienen la última palabra. Es la segunda vez en una semana que el Supremo se pronuncia sobre la pena de muerte, tras años de silencio.

El fallo del pasado jueves declaró inconstitucionales las ejecuciones de los discapacitados mentales. Magistrados tan conservadores como Clarence Thomas y Antonin Scalia se pusieron en esta ocasión del lado de la mayoría (siete votos contra dos), a pesar de que la semana pasada se habían mostrado furiosamente en contra de abolir las ejecuciones de retrasados y criticaron a sus colegas por dejarse influir por la opinión pública. La sociedad, sin embargo, va en dirección opuesta al tradicional ojo por ojo que había inspirado el apoyo a la pena capital desde que se restableció en EE UU en 1976. Según las últimas encuestas, el 94% de los estadounidenses creen que muchos condenados pueden ser inocentes, y el 65% sólo apoya la pena de muerte cuando no hay otra alternativa.

El impacto inmediato de la decisión de ayer no quedó claro sin embargo, porque los magistrados no especificaron cómo se debía aplicar su fallo a las leyes de los Estados. Unos juristas sostenían que ahora se debían conmutar las sentencias de muerte por cadena perpetua, tal y como se hizo cuando el Supremo impuso una moratoria en 1970, mientras que otros opinaban que lo justo sería repetir en cada caso los procesos de sentencia. De aplicarse este último, muchos de los condenados podrían acabar de nuevo en el corredor de la muerte.

Los Estados en los que sólo los jueces deciden las sentencias son Arizona, Idaho, Montana, Colorado y Nebraska. Dependiendo de la interpretación final que la justicia de cada Estado haga del dictamen, también podría ser aplicable en Florida, Alabama, Indiana y Delaware, Estados en los que los miembros del jurado acompañan su veredicto de culpabilidad con una recomendación de sentencia para el juez. Éste, a su vez, puede imponer sentencias superiores en algunos casos, al considerar factores agravantes como la 'naturaleza infame' de un crimen o la motivación.

En el caso que dio origen a la sentencia de ayer (Arizona versus Apprendi), el juez tuvo discrecionalidad para alargar la sentencia dos años por tratarse de un 'crimen de odio'. El dictamen del Supremo abolió esa ley de Arizona y, por extensión, las que se fundamentan en preceptos similares en los otros Estados.

'El derecho a un juicio con jurado garantizado por la sexta enmienda de la Constitución se degradaría insensitivamente si tuvieran en cuenta hechos necesarios para incrementar la sentencia en dos años y no se tuvieran en cuenta otros hechos que pueden determinar la condena a muerte', escribió la magistrada Ruth Bader Ginsburg en nombre de la mayoría.

La magistrada Sandra Day O'Connor votó en contra, junto al presidente del tribunal, William Rehnquist, señalando que el fallo iba a 'desestabilizar el sistema judicial de EE UU' porque centenares de condenados apelarían ahora sus sentencias. La postura de ayer de O'Connor contrasta con declaraciones suyas anteriores en foros públicos en las que se había manifestado a favor de limitar la pena de muerte para asegurar que no se ejecuta a inocentes.

Escepticismo social

El escepticismo social ha aumentado en los tres últimos años a raíz de que una investigación periodística en el Estado de Illinois revelara que se habían violado los derechos procesales de muchos inocentes y habían acabado por ello en el corredor de la muerte. Illinois dejó en suspenso la pena capital hasta que se corrigieran las deficiencias del sistema, y otros Estados están revisando cientos de procesos, al tiempo que el Congreso debate estos días una nueva ley que haga obligatorias las pruebas de ADN.

Al menos 110 condenados por delitos graves han sido exonerados en los últimos cinco años gracias a las pruebas de ADN. Entre todos cumplieron más de 1.200 años de prisión. Son casos como el de Vincent Moto, de 39 años, que pasó 11 en una cárcel de Pensilvania por una violación que no había cometido. O el de Richard Danziger, de 31 años, condenado a cadena perpetua también por violación. Al igual que Moto, Danzinger está en libertad, pero su vida, dice, ha sido destruida para siempre por una lesión cerebral causada por la paliza que le dio otro reo.