El Supremo de EE UU prohibe la ejecución de discapacitados mentales por inconstitucional

El Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró ayer inconstitucional la aplicación de la pena de muerte a los discapacitados mentales, reconociendo en su fallo que los tiempos han cambiado y la sociedad estadounidense está mayoritariamente en contra. Fue un voto histórico pero no unánime. Los tres miembros más conservadores de los nueve magistrados de la máxima corte del país expresaron su desacuerdo con este fallo en términos poco usuales, criticando a sus colegas por haberse dejado influir 'por la opinión pública y la comunidad internacional'.

El presidente del Supremo, William Rehnquist, incluso se negó a utilizar el formulismo habitual en los fallos judiciales, que acaban con un 'respetuosamente', y concluyó su disensión diciendo: 'Con el convencimiento de que esta es una decisión seriamente equivocada, disiento'. Los otros dos magistrados que se opusieron fueron Antonin Scalia y Clarence Thomas, que habitualmente forman el núcleo ultraconservador del alto tribunal de Estados Unidos.

En nombre de la mayoría, el magistrado Paul Stevens sostuvo que 'es justo decir que se ha desarrollado un consenso nacional en contra, que refleja incuestionablemene la opinión de la mayoría sobre la relativa culpabilidad de los delincuentes discapacitados mentales'. En otro párrafo del dictamen escribía: 'Muchos condenados discapacitados distinguen entre obrar bien y mal, pero son más proclives a actuar por impulsos o ser convencidos por otros. Sus deficiencias no merecen una exención de castigo, pero disminuyen su culpabilidad'.

El fallo de ayer anuló otro del propio Tribunal Supremo de 1989, que consideraba que la pena capital no era un castigo 'cruel e inusual' para los discapacitados mentales, y que ha estado vigente hasta ahora en los 38 estados en los que la pena de muerte es legal. En 1989, sólo el Gobierno federal y dos de los 50 estados prohibieron las ejecuciones de discapacitados mentales, mientras que en la actualidad son 20. De los 38 estados con pena capital, 18 la permitían hasta ayer.

Desde que la pena de muerte se restableció en Estados Unidos en 1976 al menos 35 personas con distintos grados de discapacidad mental han sido ejecutadas. Se desconoce el número exacto de los discapacitados que están actualmente condenados, pero las organizaciones de derechos civiles sitúan la cifra entre 200 y 300, entre el total de 3.700 reos que aguardan en el corredor de la muerte en todo el país. El fallo no liberará a los convictos de cumplir cadena perpetua, pero previsiblemente facilitará el que muchos condenados a muerte apelen sus casos aduciendo retraso mental.

Legalmente, en Estados Unidos se considera discapacitado a quien tiene un coeficiente mental inferior a 70 (el promedio normal es de 100). Daryl Renard Atkins, el condenado cuyo caso propició el dictamen de ayer, tiene un coeficiente de 59.

Atkins fue condenado por la muerte de un oficial de aviación al que secuestró con la ayuda de un cómplice para robarle en 1996. Después relató a la policía cómo le usurparon el dinero, le dispararon ocho veces y tiraron su cuerpo en un bosque, demostrando con ello, según la organización de derechos humanos Human Righs Watch, su incapacidad para entender la seriedad de los hechos y sopesar las ramificaciones de su confesión.

Celebración del fallo

Distintos sectores de la sociedad estadounidense celebraron ayer el fallo. Richard Dieter, director del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, dijo que 'al menos hemos detenido una práctica que el resto del mundo considera abominable'. Y el congresista demócrata Russ Feingold la calificó como 'un giro extraordinario en el curso de la historia de nuestra nación'.

El fallo del Tribunal Supremo se produce en momentos en que el Congreso estadounidense estudia una reforma de la ley para impedir que se ejecute a personas cuya inocencia fue revelada cuando ya era demasiado tarde, como ha ocurrido en varias ocasiones. La propuesta asegura que los acusados tienen derecho a pedir pruebas de ADN y a una defensa legal apropiada para evitar atrocidades como la del abogado que se durmió durante un juicio en Tejas, en el que condenaron a muerte a su cliente.