Árboles con doble vida
El sector maderero organiza la gestión anual de más de 2.000 toneladas de residuos
El municipio de Lucena, en la provincia de Córdoba, concentra a un buen número de empresas dedicadas a la fabricación de muebles. En esta actividad se consumen importantes cantidades de madera que, una vez procesada, da lugar a un conjunto variopinto de residuos en los que abundan las astillas, virutas y serrín. Hasta hace bien poco este tipo de desechos se aprovechaban en función de las aplicaciones que pudieran buscarles las mismas fábricas, elaborando con ellos tableros y piezas de aglomerado, o bien terminaban empleándose como combustible. En ambos casos se reutilizaban los desechos pero sin someterse a ningún programa de gestión que organizara esta actividad.
Un centenar de fabricantes, reunidos en la Sociedad de Residuos Industriales de la Madera de Córdoba (Rimacor), han decidido racionalizar el aprovechamiento de estos materiales, no sólo en Lucena sino en el conjunto de la comunidad andaluza, con especial atención a las provincias de Córdoba y Jaén. En el municipio lucentino ya se vienen procesando, todos los años, unas 400 toneladas de desechos, a los que ahora hay que sumar otras dos mil toneladas procedentes del resto de Andalucía. El tratamiento de todos estos residuos se concentrará en dos plantas, situadas en Lucena y Villa del Río, que este mismo verano, y gracias a una inversión global que supera el millón de euros, comenzarán a operar a pleno rendimiento.
Mediante este procedimiento será posible, como primer paso, separar de los restos de madera aquellas sustancias consideradas tóxicas y peligrosas, como pinturas, barnices o disolventes. De ellas se hará cargo la Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa), que participa, con un 20 % del capital, en Rimacor. Libre de estos contaminantes, la madera podrá ser reutilizada, sin riesgos, en la fabricación de diferentes productos, evitando, como ocurría hasta ahora en algunos casos, los problemas derivados de la exportación de bienes en cuya composición aparecían trazas de productos químicos nocivos, algo frente a lo que se muestran particularmente sensibles la mayoría de los países europeos.
En opinión de Juan Pablo Durán, consejero delegado de Rimacor, 'esta sociedad es, posiblemente, el mayor proyecto de cooperación empresarial que existe en Andalucía y su rentabilidad es muy diversa'. No sólo busca abaratar el tratamiento de los residuos, compartiendo entre diferentes productores las cargas de este procedimiento, sino que, además, 'las firmas asociadas obtienen, así, certificados de calidad, con especial atención al apartado ambiental, que cada vez son más valiosos a la hora de competir en los diferentes mercados'.
Los residuos tóxicos y peligrosos se remiten, una vez clasificados, a la Planta de Inertización de Palos de la Frontera (Huelva), instalación que recibió el pasado año 425 toneladas de estos desechos procedentes de las fábricas de muebles lucentinas. En el horizonte del año 2004 los responsables de Rimacor esperan poder prestar este servicio en sus propias plantas, lo que evitará el trasiego de estas sustancias, disminuyendo así el riesgo de contaminación y los costes de tratamiento. En toda España sólo funcionan media docena de instalaciones de este tipo, situadas en Castilla-La Mancha, Cataluña y Valencia.
Por otro lado, la recuperación de un volumen importante de astillas, virutas y serrín permitirá reducir las importaciones a las que se ven obligadas aquellas fábricas dedicadas a la elaboración de tableros de aglomerado. A escala nacional este sector compra todos los años, en el mercado extranjero, cerca de 350.000 metros cúbicos de restos de madera.
Sin embargo, es frecuente que los residuos acaben en un vertedero o se destinen, como combustible, a hornos de distintas naturaleza o plantas de biomasa que los emplean para producir electricidad. En ambos casos, sostienen los especialistas de Anfta, el rendimiento ecológico y económico es mucho más reducido que si se volvieran a introducir en el ciclo productivo. Aunque sea un recurso natural renovable, los restos de madera son demasiado valiosos, y tienen demanda más que suficiente, como para quemarlos. Si todos se destinaran al sector energético, como han propuesto algunos especialistas, los fabricantes de tableros se verían obligados a incrementar en un 300 % el volumen de árboles que hoy consumen y a multiplicar, por consiguiente, las talas y las importaciones.
Comentarios y sugerencias a propósito de Crónica en verde pueden remitirse a: sandoval@arrakis.es
Almacenes de carbono
El dióxido de carbono (CO2), presente en los gases que se liberan en cualquier combustión, es el responsable del denominado 'efecto invernadero' y, por tanto, del progresivo calentamiento que viene sufriendo la atmósfera terrestre. La comunidad internacional trata de frenar las emisiones de este contaminante para no provocar un cambio climático de consecuencias catastróficas. El Protocolo de Kyoto, cuyo cumplimiento centrará buena parte de las discusiones en la próxima Cumbre de Johannesburgo, está orientado, precisamente, a reducir los vertidos de esta sustancia en los países industrializados. Pero no sólo cabe atajar este problema limitando los vertidos contaminantes a la atmósfera, también se han propuesto diferentes medidas que buscan 'capturar y retener' la mayor cantidad posible de dióxido de carbono, algo que, por ejemplo, vienen haciendo las principales masas boscosas del planeta ya que, en el proceso de la fotosíntesis, retiran CO2 de la atmósfera para producir oxígeno. Cuando se tala un árbol, el dióxido de carbono que ha ido procesando está fijado en su propia estructura vegetal, y sólo se libera de nuevo a la atmósfera si esa madera se quema. Por este motivo, los fabricantes de tableros de aglomerado consideran que es mucho más interesante, desde el punto de vista ambiental, reutilizar los restos de madera antes que emplearlos como combustible, ya que un solo metro cuadrado de este tipo de tableros es capaz de fijar unos 650 kilos de CO2. La Consejería de Medio Ambiente tiene intención de dictar una estrategia andaluza de lucha contra el cambio climático en la que, por ejemplo, se establezcan las emisiones de CO2 a escala regional y, también, el grado de cumplimiento que en la comunidad autónoma se está prestando al Protocolo de Kyoto.
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