El Gobierno diseña una Agencia Española de Seguridad Alimentaria sometida a su control
Los estatutos preparados por Sanidad menoscaban la prometida autonomía del centro
El 21 de junio de 2001 el Congreso aprobó, por unanimidad, la creación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Un año después el organismo no puede funcionar porque aún no tiene aprobado su reglamento. El Gobierno ha enviado a los grupos parlamentarios y organizaciones de consumidores y sociales un futuro estatuto, que amenaza con acabar con el apoyo recibido. Y es que el diseño gubernamental pone en manos del Ministerio de Sanidad el control de la agencia, en detrimento de la prometida autonomía del centro y de intervención de las comunidades autónomas.
La crisis de las vacas locas precipitó la creación de esta agencia, un proyecto que aprobó el Consejo de Ministros el 15 de diciembre de 2000. El Congreso dio luz verde al proyecto en junio de 2001. Entre los objetivos de este nuevo organismo figura 'promover la seguridad alimentaria y ofrecer garantías e información a los ciudadanos y agentes económicos del sector agroalimentario'. También deberá coordinar a las distintas Administraciones Públicas cuando se dé una situación de crisis alimentaria y gestionar las alertas.
Pero esta declaración de intenciones no se ha plasmado todavía en un reglamento. Los ministerios de Sanidad y Agricultura han elaborado un proyecto de estatuto, que han transmitido a las asociaciones de consumidores y partidos políticos. Las principales características del estatuto, y las críticas que ha recibido, son las siguientes.
- Dirección. La Agencia contará con un Consejo de Dirección que será el máximo responsable de las decisiones (informes, alertas, coordinación, gestión patrimonial) del organismo. El Gobierno afirmó que deseaba la 'participación activa de los consumidores, los operadores económicos y sociales y la comunidad científica' en las decisiones del organismo. Pero el Ejecutivo se ha reservado la mayor parte de los puestos del consejo: el Ministerio de Sanidad y Consumo nombrará al presidente y propondrá los dos vicepresidentes, aunque uno de éstos deberá pactarlo con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Además, habrá otros cuatro cargos designados por Sanidad, Agricultura y los departamentos de Medio Ambiente y Ciencia y Tecnología.
Otros ocho puestos serán políticos: cuatro de las comunidades autónomas elegidos por el Consejo Interterritorial de Salud, dos de las comunidades escogidos por la Confederación Sectorial de Agricultura y dos de la Federación Española de Municipios y provincias.
El Consejo de Consumidores y Usuarios sólo tendrá un representante, y las organizaciones económicas más representativas, otro, que se irá turnando entre producción, distribución, transformación y restauración. En total, 15 componentes vendrán de las administraciones (donde tiene mayoría el PP) y dos de las organizaciones sociales, lo que critican tanto la confederación de asociaciones de usuarios como el PSOE.
- Comité Científico. Es el encargado de la evaluación de los riesgos. Estará formado por 20 miembros que seleccionará el Consejo de Dirección a propuesta del presidente, que tendrá así un 'poder omnímodo', según el PSOE. La comisión institucional y el Consejo Consultivo podrán sugerirle nombres al presidente. Sus componentes no recibirán compensación económica por su trabajo. La CEACCU opina que esto no debería ser así, 'para asegurar su dedicación'.
- Participación social. La 'participación activa de la sociedad' estará en manos de un Consejo Consultivo. Su función será asesorar al presidente y al director de la Agencia 'cuando y en lo que éstos soliciten', por lo que dependerá de la voluntad del presidente el peso que puedan tener, recuerdan las organizaciones de usuarios. Tendrá 20 miembros entre representantes de las asociaciones de consumidores (tres), el Consejo Económico y Social (tres), las organizaciones económicas de los sectores de producción, transformación, distribución y restauración (ocho) y colegios científicos (seis).
El Ministerio de Sanidad deberá designar los cargos. Este organismo 'recuerda', según el PSOE, al Consejo Asesor de Medio Ambiente, un organismo consultivo de ONG que no se ha reunido desde 1997.
La secretaria de Consumidores y Usuarios del PSOE, Isabel Pozuelo, ha criticado que 'se elimina la presencia de las organizaciones sindicales' y se reduce 'al mínimo' la de usuarios y consumidores, mientras 'que se potencia la de las organizaciones profesionales y económicas [que tendrán 8 de los 20 puestos]'.
El centro cobrará tasas para financiarse
El reglamento de la Agencia de Seguridad Alimentaria prevé la desaparición de una dirección general y ocho subdirecciones de los ministerios de Sanidad y Agricultura. De ellas, cuatro corresponden al Insalud, un organismo que continúa funcionando seis meses después de que acabara nominalmente la transferencia de las competencias sanitarias. Entre los centros y servicios que desaparecen figura la Dirección General de Alta Inspección del Ministerio de Sanidad, y la Subdirección General de Coordinación Administrativa del Insalud. 'Son las únicas que ejercen la función de coordinación entre los sistemas autonómicos actualmente', según los socialistas. El problema es que su contenido está previsto en la futura ley de coordinación del Sistema Nacional de Salud que prepara Sanidad, 'pero el Ministerio no acaba de sacar la ley', afirmaron. También desaparecerán o cambiarán de cometido las subdirecciones de Asistencia Sanitaria, Atención Especializada y Obras, Instalaciones y Suministros del Insalud, unas competencias que 'no se entiende' por qué deben ser de la Agencia, y no transferidas o asumidas directamente por Sanidad. Otro problema con el que se ha enfrentado la Agencia de Seguridad Alimentaria es la financiación. Cuando se aprobó su creación (en 2001) la ministra de Sanidad, Celia Villalobos, ya reconoció que no tenía una partida presupuestaria asignada. El borrador del estatuto especifica que sus fondos tendrán un origen mixto: parte será de los presupuestos de Sanidad, y parte de 'tasas', que se fijarán en función de 'la complejidad técnica' de la actividad científica realizada. Las tasas se cobrarán por servicios de evaluación o inspección externos, aunque el borrador no indica si los clientes de la agencia serán de la Administración o si también las empresas privadas podrán solicitar sus informes. Este aspecto puede vulnerar la independencia del organismo, según la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios. Para garantizar la neutralidad de sus informes, la confederación propone que la agencia no pueda financiarse 'en ningún caso mediante convenios o aportaciones realizadas a título gratuito por entidades privadas que operen en el sector de la alimentación'.
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