La falta de pruebas obliga al Gobierno de Guinea a aplazar el final del proceso contra la oposición

Tras casi cinco horas de retraso, uno de los magistrados del tribunal que enjuicia una supuesta asonada en Guinea Ecuatorial anunció la suspensión, hasta el jueves, de la vista. En el cine Marfil, repleto de público, donde se aguardaba con aprensión el informe definitivo de la fiscalía, ésta no compareció. La excusa oficial es que no le dio tiempo a concluir el texto, una disculpa en la que nadie cree. Parece más un intento de ganar horas para salir del laberinto; sin garantías procesales ni pruebas, esto ha sido un simulacro de justicia.

Más de la mitad de los abogados defensores acudieron puntuales, a las nueve de la mañana. Repasaban ensimismados sus informes (a ellos sí les dio tiempo), en los que se fundamenta la absolución para sus patrocinados, cuando un policía, que ejerce de alguacil, trajo la nueva: la vista se pospone a las doce del mediodía. En el segundo intento de inicio de la sesión comparecieron los mismos letrados. Ni rastro de los fiscales ni de los cinco jueces. Tampoco del ministro de Justicia, Rubén Mayé, ni del de Seguridad, Manuel Nguema, ni del flamante asesor norteamericano, Bruce Malcom, ni de los otros letrados de la defensa, considerados próximos al Gobierno. 'Deben de estar todos reunidos para decidir qué hacen con las sentencias', explicó a este periódico uno de los defensores.

Casi a las dos, el juez militar, Cipriano Nguema, subió al estrado e informó de que la sesión quedaba aplazada hasta el jueves. Nadie sabe bien cómo interpretar esta prórroga. Algo parece seguro, que la fiscalía no elevará a definitivas sus conclusiones provisionales, en las que solicitaba ocho penas de muerte y duras penas de cárcel para decenas de procesados sin conexión con ese supuesto golpe.

'Van a consultar al jefe y a negociar entre ellos un enjuague, porque después de lo que hemos visto estos días saben que no disponen de pruebas para justificar una condena', sostiene un militante de un partido opositor. 'Aquí todo es imprevisible; no hay que descartar nada, ni tan siquiera que Obiang Nguema apruebe un indulto mañana', su sexagésimo cumpleaños, apunta otro con una sonrisa dibujada en el rostro. Un tercero, que reconoce antecedentes de medidas de gracia antes de un proceso, pero nunca en vísperas del informe final de los fiscales, es mucho más cauto y pesimista: 'No creo que sea posible ahora'.

De las declaraciones efectuadas estos días por los procesados en la vista oral se extrae una conclusión palmaria: la mayoría de los 134 presentes fueron torturados en la policía y sus declaraciones ante ella carecen de validez legal, algo que ni los tres fiscales, de una ineptitud supina, ni el presidente de la sala parecen asimilar. El domingo, tras uno de los careos solicitados por las partes, el juez dijo: 'No ha habido nada. Todo bajo tortura. La mesa, el ministerio fiscal y la defensa estamos haciendo el ridículo'. La frase, entonada como interrogación, más parecía una amarga queja que una constatación. Las dudas resultan graves ante el lamentable estado de los detenidos, que fueron golpeados en Black Beach durante el proceso, según consta en las quejas de los defensores.

Por la endeblez del caso había el domingo enorme expectación ante la comparecencia de los testigos y la presentación de pruebas de cargo capaces de refutar testimonios falsos. Si alguien albergó una esperanza, la decepción debió de ser mayúscula. De los tres únicos presentados por la fiscalía ninguno sabía nada de la revuelta.

Conspiración esperpéntica

Las pruebas exhibidas quedaron reducidas a una carta anónima del año 2001 a uno de los detenidos, en la que un amigo desconocido le confirma desde España su compromiso de ayudarle a montar un negocio en Guinea Ecuatorial. La frase, 'mantengo el pacto hasta la muerte', permitió al fiscal edificar una deshilvanada y esperpéntica teoría conspiratoria en la que quedaba demostrada su vinculación a la asonada. De las dos pegatinas adhesivas del Frente Demócrata Revolucionario, fundado por el ex presidente del Parlamento, Felipe Ondó, nada se volvió a saber pese al juego que dieron a lo largo del proceso. Algo extraño cuando el propio juez militar se empecinó en interrogar (como cuarto fiscal) a un soldado que nada tenía que ver con esos adhesivos especulando sobre si los 'distintivos', así los calificó, podían servir para diferenciar bandos rebeldes y leales.

Tras permitir el tribunal al ministerio público la presentación de sus pruebas, negó todas las solicitadas por la defensa, incluso la de la pistola (única arma del supuesto golpe), pues al buen entender del juez Martín 'no se puede exhibir en un juicio público'.

Ahora, después de dos semanas de proceso, fiscales, jueces y el Gobierno se ven abocados a una decisión: mantener, con leves o grandes retoques, las condenas previstas, o aceptar los hechos: no hay caso. El golpe, si es que existió, nunca fue probado en el cine Marfil. Despejar esa incógnita es lo que exige un nuevo plazo.