El carpetazo al 'caso Soria' abre la vía para archivar las causas de Chile y Argentina

Tanto la fiscalía de la Audiencia Nacional como la defensa del ex militar argentino Adolfo Scilingo, el único a disposición de la justicia española, se preparan para conseguir el archivo de las actuaciones en los casos de los crímenes de las dictaduras argentina y chilena a partir del auto dictado por la sección tercera de la Sala de lo Penal del citado tribunal el pasado 31 de mayo, en el cual rechazó la jurisdicción española para investigar el crimen de Carmelo Soria, el funcionario de la ONU de nacionalidad española secuestrado, torturado y asesinado el 14 de julio de 1976 en Santiago de Chile. La decisión afectará también a la solicitud de extradición del militar Ricardo Cavallo, detenido en México.

El origen de la decisión adoptada el viernes 31 de mayo se remonta a hace exactamente un año, cuando Joan Garcés, abogado de Laura González-Vera, viuda de Carmelo Soria, funcionario español de Naciones Unidas, secuestrado, torturado y asesinado en julio de 1976 en Chile, solicitó al juez Baltasar Garzón una orden de detención internacional contra el ex ministro de Defensa de la época, Herman Brady, por el crimen de su esposo. El 8 de mayo de 2001, Garzón dictó un auto en el que admitía una ampliación de querella contra los militares chilenos y envió la orden de detención a Interpol. Brady, empero, no se hallaba en Hamburgo (Alemania) como se creía.

La fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió la ampliación de querella y la orden de detención. Según señaló, España carecía de jurisdicción para juzgarle. También arguyó que en Chile se investigaban los hechos. El juez Garzón desestimó el recurso. No existía, por otra parte, ninguna causa abierta en Chile por el caso Soria, después del archivo definitivo de la causa en agosto de 1996. La fiscalía, pues, recurrió la decisión en queja ante la sala tercera de la Audiencia Nacional.

Durante casi un año, el recurso quedó en espera de resolución en la sala tercera, integrada por Francisco Castro Meije, presidente, y los magistrados Ángela Murillo y Luis Martínez de Salinas. En los primeros días de marzo de 2002, Ángela Murillo fue nombrada presidenta del tribunal de la Operación Temple, para sustituir al magistrado Carlos Cezón. Tanto Cezón como sus dos compañeros de la sala cuarta de la Audiencia Nacional, Juan José López Ortega y Carlos Ollero, habían autorizado para salir de la cárcel al narcotraficante El Negro, miembro activo de la Operación Temple, hecho que dio lugar a una querella por un delito de prevaricación por parte de la Fiscalía General del Estado.

A primeros de marzo pasado, la magistrada Murillo fue sustituída en la sala tercera por Flor Sánchez Martínez. La citada sala convocó el 4 de abril una vista oral para debatir el recurso de la fiscalía en el caso Soria y otro recurso de la defensa del ex militar Adolfo Scilingo. Sin embargo, mientras la acusación argentina fue citada, Joan Garcés, abogado de la familia Soria, no. La vista se suspendió.

La sala tercera convocó a todas las partes para una nueva vista el pasado 27 de mayo. Pero ese mismo día, al acudir a la Audiencia Nacional, el abogado de la familia Soria fue informado de que la vista se había aplazado. Más tarde, se le llamaba desde la sala tercera para convocarle de urgencia. La vista, pues, tuvo lugar ése mismo día.

Cerrar de un plumazo

El auto del 31 de mayo supone cerrar de un plumazo el caso Soria, admitido a trámite en mayo de 2001. Ahora en el punto de mira de la Fiscalía de la Audiencia Nacional hay un objetivo más ambicioso: solicitar a Garzón el archivo de todas las actuaciones sobre Chile y Argentina. Las consecuencias, pues, son de gran alcance. La defensa de Scilingo, único militar acusado de terrorismo, genocidio y tortura, ha anunciado que pedirá la libertad de su cliente ya que España carece, a partir del auto del 31 de mayo, de jurisdicción para juzgarle. Asimismo, la solicitud de extradición de Ricardo Cavallo, ex militar argentino bajo arresto en México desde agosto de 2000, será también cuestionada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional con el apoyo de la citada resolución.

Con todo, el juez Garzón va a mantener su posición favorable a la juridicción, lo que elevará la causa de Argentina y Chile nuevamente a la Sala de lo Penal. En este caso el pleno de todos los magistrados tendrá la oportunidad de pronunciarse.