La Corte de Chile rechaza investigar el asesinato de Carmelo Soria

El diplomático español Carmelo Soria fue asesinado en 1976, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Un caso que seguirá cerrado más de 30 años después, ya que la Corte Suprema de Chile rechazó el miércoles reabrir la investigación por el secuestro y asesinato del diplomático para indagar supuestos nuevos antecedentes, tal y como pedían abogados del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de la acusación particular, encabezada por Carmen Soria, hija de la víctima. El máximo tribunal del país confirmó así la resolución del juez Héctor Carreño del pasado 29 de marzo, tal y como informaron fuentes judiciales.

En el fallo se explica que la petición de la parte querellante, que pretendía entrevistar a varios agentes del gobierno militar, no se especifica de forma adecuada. "Las diligencias carecen de precisión y detalle, desconociéndose su necesidad y los objetivos que se persiguen con ellas, de tal forma que resultan absolutamente genéricas", sostiene el documento. Una decisión que no debió sorprender a Carmen Soria, quien ya anunció a finales de marzo que recurrirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la negativa de la Justicia chilena de investigar la muerte de su padre, tal y como ha hecho en las sucesivas demandas que han sido desestimadas.

Más de un intento fallido

Soria fue secuestrado el 14 de julio de 1976 y su cadáver, con huellas de tortura, fue encontrado dos días después en un canal de Santiago. Según consta en el proceso, el asesinato fue cometido por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena, la policía secreta del dictador Augusto Pinochet, pero ninguna persona ha sido condenada por él.

Casado con una hija del escritor chileno José Santos González-Vera, era funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organización de las Naciones Unidas con sede en Santiago. La ONU pidió entonces que se abriera una investigación sobre el crimen, pero en 1979 la Justicia del régimen sobreseyó el caso.

Al acabar la dictadura, el proceso fue reabierto en 1991, pero se archivó en 1996 al considerar que los presuntos delitos estaban dentro de la Ley de Amnistía de 1978.

El caso volvió nuevamente a los tribunales en octubre de 2003, en el marco de una querella presentada por la familia Soria contra Augusto Pinochet, de la que el Estado chileno se hizo parte, pero en agosto de 2004 el alto tribunal rechazó una vez más la reapertura. El último intento por castigar a los culpables tuvo lugar en 2009, que fue desestimado por el juez Carreño.