La familia del diplomático asesinado Carmelo Soria llega a un acuerdo con el Gobierno chileno
El español fue torturado durante la dictadura de Pinochet en 1976 y una vez hallados los responsables, éstos no fueron sancionados por la ley de amnistía
El Gobierno chileno y la familia del diplomático español Carmelo Soria, asesinado en Chile por agentes de seguridad en 1976, han llegado a un acuerdo amistoso de reparación, según han informado fuentes judiciales.
El abogado Alfonso Insunza, representante de la familia, ha explicado que el convenio comprende la petición de reapertura del sumario criminal por la Oficina del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior a cargo del abogado Luciano Fouillioux.
También el pago de una indemnización similar a la fijada en 1992 por la estadounidense Comisión Bryan a la familia del canciller chileno Orlando Letelier, asesinado en Washington por elementos de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de la dictadura chilena (1973-1990), en septiembre de 1976 (alrededor de dos millones de dólares).
Desistir a la demanda civil
Como contrapartida, ha precisado Alfonso Insunza, la familia Soria deberá desistir de la demanda civil interpuesta contra el Estado chileno, entablada hace un par de años y en la que se exigió una indemnización por daños y perjuicios de 2.300 millones de pesos (3,2 millones de dólares).
En la reunión, que mantuvieron ayer, participaron el abogado Insunza y Carmen Soria, hija del funcionario de Naciones Unidas asesinado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de la dictadura chilena (1973-1990). El acuerdo deberá ser formalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores durante septiembre próximo.
Carmelo Soria, que residía en Chile desde el final de la Guerra Civil Española, en 1939, fue secuestrado por agentes de la policía secreta del régimen militar el 14 de julio de 1976 y su cadáver, con huellas de tortura, fue encontrado dos días después en un canal de Santiago. Desde entonces su familia ha librado una larga batalla judicial en un proceso en el que se logró identificar a los culpables, que finalmente no fueron sancionados, al beneficiarse con la ley de amnistía, tras lo cual recurrió al organismo de la OEA.
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