'El Gobierno español utiliza un doble rasero en el 'caso Soria'

Hoy se cumplen 25 años desde que el diplomático español de Naciones Unidas Carmelo Soria fuera secuestrado, torturado y asesinado por militares pertenecientes a la DINA, la policía política del ex dictador Augusto Pinochet. Su viuda, Laura González-Vera lo vio con vida por última vez a la hora de comer un 14 de julio de 1976 y desde entonces batalla en los tribunales para que se esclarezcan las responsabilidades del crimen.

El caso ha sido sobreseído en Chile: el pasado 14 de junio se desestimó la reapertura del caso. González-Vera lamenta que, a pesar de la nacionalidad española de la víctima y de que el caso esté en la Audiencia Nacional en un sumario instruido por el juez Baltasar Garzón, el actual Gobierno español se haya desinteresado por el asunto.

'El Gobierno de Aznar ha dejado de cumplir con su obligación de proteger a sus ciudadanos'

'España se interesó por el caso desde el momento en que asesinaron a Carmelo. El Gobierno de Suárez nos otorgó a la familia la calidad de oriundos. Esa actitud siguió con los demás Gobiernos españoles hasta los primeros meses del Gobierno de Aznar, que terminó con una línea mantenida desde Suárez con el argumento de que Carmelo Soria tenía la doble nacionalidad y la española no estaba activada', relata González-Vera.

Para la viuda de Carmelo Soria, este desinterés del Ejecutivo choca con su actitud en otros casos en los que hay implicados españoles. 'Cuando vemos cómo el Gobierno español ha luchado por sacar del corredor de la muerte a Joaquín José Martínez o cómo ha otorgado el pasaporte a Ángela María del Castillo [la española secuestrada y liberada recientemente por la guerrilla colombiana], vemos que no todo tiene el mismo rasero', y añade que el Ejecutivo español da más prioridad a las relaciones diplomáticas con Chile y a los negocios que a la defensa de sus ciudadanos. 'El Gobierno español no está reconociendo que Carmelo Soria es español. Ha dejado de cumplir con la obligación de proteger a sus ciudadanos'. Una actuación que contrasta con la de los responsables de Naciones Unidas 'Desde el asesinato, la ONU ha estado en contacto permanente con la familia. Ha hecho gestiones ante el Gobierno chileno, y cada vez que Kofi Annan viaja a Chile trata el caso'.

En opinión de la viuda del funcionario internacional, la resolución del asesinato de su marido está en manos del Ejecutivo chileno, presidido por el socialista Ricardo Lagos. 'El Gobierno de Chile tiene que reconocer que Carmelo Soria era un funcionario internacional perteneciente al rango superior permanente de la ONU. Si eso sucediera, el caso se reabriría automáticamente; mientras tanto, el Gobierno de Chile es responsable'.

Sin embargo, según González-Vera, afincada en España desde 1976, 'el problema es que los militares que cometieron el asesinato eran altos oficiales de Pinochet, sus hombres de confianza', y su procesamiento volvería a generar tensiones en los militares chilenos.

Sobre el sobreseimiento del proceso a Pinochet por el caso de la caravana de la muerte, la viuda de Carmelo Soria subraya que 'es una vergüenza absoluta para Chile, porque demuestra que la justicia chilena no está en condiciones de juzgar al dictador', y añade que, si es cierto que Pinochet sufre demencia, es necesario 'apartarle' de la sociedad. 'Tiene que abandonar el Senado y su familia debe declararlo incapaz. Además [el jefe del Ejército, Ricardo] Izurieta ha declarado que está contento, pero ¿cómo va a estar contento si Pinochet sufre demencia?'.