La comisión vasca de seguridad cierra sin el PP su pacto global sobre protección de ediles

El domicilio de las personas amenazadas no figurará en el censo electoral

Los partidos democráticos vascos, a excepción del PP, que abandonó las negociaciones el pasado abril, alcanzaron ayer un acuerdo final sobre las medidas para mejorar la seguridad de los concejales amenazados y perseguir a quienes les acosan. El acuerdo, que se añade a la declaración municipal de apoyo pactada el pasado viernes, se firmará el día 21 y a continuación el lehendakari, Juan José Ibarretxe, volverá a reunir a los máximos dirigentes de los partidos.

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No se cambiará el Código Penal, al sumarse el PSE a la interpretación del tripartito, de que el artículo 577 ya responde a sus inquietudes. La fórmula adoptada impedirá que los condenados por cualquier delito definido en ese artículo, que recoge también las amenazas, sean o no miembros de una banda terrorista y aunque su sentencia no sea firme, puedan presentarse a unas elecciones. Hasta ahora, la ley sólo definía como inelegibles a los condenados como miembros de banda armada. Con esas reformas será posible, además, que las propias corporaciones se personen como acusación contra quienes obstaculicen el trabajo de los ediles. De igual modo, los partidos podrán contar en las mesas electorales con apoderados e interventores no residentes en Euskadi.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 09 de mayo de 2002.

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