El Gobierno rechaza participar en la comisión de Ibarretxe para la protección de los ediles vascos

El consejero vasco de Interior, Javier Balza, recibió ayer como un jarro de agua fría la decisión, adoptada a última hora, del ministro del Interior, Mariano Rajoy, de no participar en la reunión que celebra hoy en Arkaute (Álava) la comisión técnica de seguridad para los ediles amenazados por ETA. Rajoy dijo que 'no es conveniente' que su ministerio acuda a un foro de partidos que pretende tratar asuntos como la ampliación de la Ertzaintza o la participación de la policía vasca en los foros policiales creados en la UE tras el 11-S. Para Rajoy, el primero de estos asuntos corresponde a la Junta de Seguridad, y el segundo, al Gobierno. El PP pondrá sobre la mesa la presentación de mociones de censura contra Batasuna en 17 ayuntamientos.

Pese a que en círculos nacionalistas y del propio Gobierno vasco se interpreta esta decisión del vicepresidente primero del Gobierno de Aznar como una forma de 'torpedear' el nuevo foro, nacido de la reunión del pasado 22 de febrero auspiciada por el lehendakari, antes incluso de que se celebre hoy el primer encuentro, Balza mantuvo ayer las formas. El consejero vasco lamentó la decisión de Rajoy, pero se mostró confiado en que el Ministerio del Interior se 'sume a los siguientes encuentros', según indicaron fuentes cercanas a Balza.

Junto al viceconsejero vasco de Seguridad, Mikel Legarda, acudirán mañana por la tarde a la Academia de Policía de Arkaute, el representante del PP, Carlos Urquijo; el del PSE-EE, Víctor García Hidalgo; el de IU, Antton Karrera; y el de EA, Rafael Larreina. Por parte del PNV está previsto que vaya el parlamentario y dirigente José Antonio Rubalkaba.

Pese al 'desplante' del ministerio, Balza sigue considerando la comisión un instrumento fundamental en la política de protección de los ediles amenazados por la organización terrorista. Y un foro en el que las fuerzas políticas vascas, salvo Batasuna, pueden reconstruir la 'unidad democrática' y consolidar una respuesta unitaria a la ofensiva de ETA contra los concejales de las fuerzas constitucionalistas.

Modificación de leyes

La consejería vasca pondrá a debate un abanico de medidas que pasan por la modificación de la Ley Electoral, de la Ley de Bases de Régimen Local o del propio Código Penal con el fin de permitir que todos los partidos y sus representantes puedan competir en igualdad de condiciones en los comicios municipales de 2003.

Además, se pretende acabar la impunidad con la que grupos afines a ETA acosan a los representantes electos del PP y del PSE-EE, castigando sus amenazas incluso con penas de cárcel. También se estudiará facilitar el trabajo de los ediles con el voto electrónico y evitar que sus datos personales figuren en registros públicos.

El Gobierno vasco quiere que de la reunión salgan medidas de tipo 'político' porque la violencia terrorista 'amenaza la existencia de la representación municipal, la esencia de la democracia'. En ese sentido, el PP trasladará al foro su propuesta de presentar mociones de censura en los 17 ayuntamientos gobernados en minoría por Batasuna, con el fin de 'aislar social y políticamente' a dicho partido.

Se da la circunstancia de que q en nueve de estos municipios el PP no tiene ninguna representación política. Los populares alegan que la prioridad en estos momentos es aislar a la 'coalición proetarra' y 'recuperar para la democracia' a los 150.000 ciudadanos que viven en esas 17 localidades 'bajo la dictadura del terror'.

Los problemas de seguridad personal y el 'angustioso' modo de vida de los cargos públicos socialistas son los asuntos que en estos momentos más preocupan a la dirección del PSOE, que ayer los analizó en una reunión en su sede federal, informa Anabel Díez.

El secretario de Organización, José Blanco, el portavoz parlamentario, Jesús Caldera, el responsable municipal, Álvaro Cuesta, y el titular de Libertades Públicas, Juan Fernando López Aguilar, se reunieron con los miembros de la gestora del Partido Socialista de Euskadi y sus sus los secretarios provinciales de organización.

La ejecutiva federal fue informada sobre las necesidades de seguridad más perentorias de sus cargos públicos en el País Vasco, tanto personales como para sus viviendas y para las Casas del Pueblo de algunas localidades. Los socialistas reconocen de antemano que no tienen recursos propios para hacer frente a un gasto que consideran inexcusable y que, a su jucio, debería ser financiado con medidas que ponga en marcha el Pacto Antiterrorista.

La consejería que dirige Javier Balza tuvo ayer otra reunión de gran importancia. El viceconsejero de Seguridad, Mikel Legarda, mantuvo en Yurreta (Vizcaya) un encuentro de más de cinco horas de duración con los sindicatos Erne, ELA, Comisiones Obreras y UGT de la Ertzaintza.

Interior les presentó un estudio elaborado unidad por unidad con la colaboración de los agentes vascos para revisar todas las tácticas operativas y diseñar un nuevo sistema de trabajo que evite las rutinas del derogado sistema Egunsentia (amanecer). La realización del estudio estaba prevista en el Acuerdo de Seguridad de Arkaute, firmado entre la consejería y las cuatros centrales sindicales a finales de noviembre tras el asesinato de dos patrulleros en Beasain (Guipúzcoa). El miércoles celebrarán un nuevo encuentro.