Los ecologistas denuncian ante la Comisión Europea que España incumple la directiva de zoológicos

En marzo de 1999, una directiva de la UE daba un plazo de tres años para que los Estados miembros legislaran sobre los zoológicos. La directiva aseguraba que los zoológicos tienen que participar 'en la investigación que redunde en la conservación de las especies' y fomentar la educación en la conservación de la biodiversidad, entre otras características. Con la futura norma no estará justificado el uso de animales salvajes para disfrute del público, sino que deberá haber razones científicas y educativas para su exhibición. El plazo para que la directiva se convirtiera en ley en España terminó ayer. España no ha legislado y se ha ganado una denuncia ante la UE por parte de Ecologistas en Acción.

Marisa Pallás, la responsable de la denuncia, afirma que 'España, como siempre, ha olvidado sus compromisos en materia de protección de animales'. En el Ministerio de Medio Ambiente responden que están trabajando en la elaboración de un texto, pero reconocen que, al tener que darle rango de ley, tardará aún bastante tiempo en promulgarse.

'Cuando se apruebe, muchos de los pequeños zoológicos tendrán que cambiar mucho o cerrar', afirma Pallás. El ministerio no niega que probablemente sea así. No afectará, previsiblemente, a los grandes zoológicos, agrupados en la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios. Su presidente y director del Zoo de Barcelona, Esteve Tomás, asegura: 'Los zoológicos llevamos mucho tiempo trabajando en la recuperación de especies, esto no va a suponer nada nuevo'. Desde 2001, ministerio, ecologistas y zoológicos han mantenido reuniones sobre el texto. En España la última normativa estatal es de 1980, y marca los requisitos sanitarios y de seguridad que debe cumplir un zoológico. Algunas comunidades autónomas han paliado las lagunas en la legislación con normas muy dispares; otras, como Andalucía, no disponen de ninguna norma.

Medio Ambiente argumenta, para justificar su tardanza, que las diferentes normativas autonómicas y el tener que poner de acuerdo a todas las comunidades autónomas retrasa la elaboración de la norma.