Libertad para Arafat

¿Qué hay más allá del empantanamiento cruel de lo que aún llamamos proceso de paz en el conflicto palestino-israelí? Las condiciones humillantes en las que desde el 2 diciembre pasado sobrevive en Ramala el líder palestino, Yasir Arafat, hacían imposible una salida mínimamente realista de la actual situación y mucho menos la vuelta de israelíes y palestinos a la mesa de negociaciones. Con esa humillación sobre la cabeza de Arafat, es evidente que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) carecía de autoridad política para decretar un alto el fuego. Y tampoco para entregar a los asesinos del ministro israelí Rahaman Zeevi, a quienes ha condenado en Gaza a fuertes penas de cárcel.

Sharon venía exigiendo la entrega de los asesinos de su ministro para juzgarlos en Israel como condición para levantar el cerco de Arafat en Ramala, a lo que la ANP se ha negado argumentando que los acuerdos de autonomía le permiten juzgar a los sospechosos detenidos en su territorio. Pero las cosas han cambiado rápidamente en las últimas horas gracias a la propuesta hecha por el presidente de EE UU, George W. Bush, para desbloquear la situación. Bush propuso el sábado a Sharon que los asesinos del ministro israelí cumplan condena en una prisión palestina, pero custodiados por soldados británicos y estadounidenses. Sharon aceptó y, poco después, Arafat hizo lo propio, decisión que debe permitirle recuperar la libertad de movimientos.

Se abre, pues, un resquicio a la esperanza en un punto clave del callejón sin salida en que se encuentra la actual situación en Oriente Próximo. Pero existe otro punto esencial en el que Sharon sigue cerrado en banda: la investigación por una comisión de la ONU de lo que sucedió en el campo de refugiados de Yenín. El Gobierno israelí afirmó que daría toda clase de facilidades para investigar lo que calificaba de acción cuidadosa para no ocasionar víctimas, pero que periodistas y observadores occidentales no han dudado en calificar de crimen de guerra. Sharon y su Gobierno volvieron ayer a bloquear la comisión, dando largas una y otra vez a su llegada al lugar de los hechos y cuestionando 'los fines' de su investigación.

Habrá habido o no violación de los derechos humanos en Yenín -el nombre de Israel quedaría mancillado de no despejarse las dudas-, pero de lo que no hay duda es de que la famosa operación antiterrorista arrasó tendidos eléctricos y conducciones de agua y demolió viviendas con familias enteras en su interior. En vez de una investigación en regla, Israel parece aspirar a un certificado de buena conducta.