Municipios asturianos recurrirán su exclusión de poder cazar en Picos

El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de Picos de Europa, aprobado por el Gobierno con un retraso de seis años, mantiene la caza en la vertiente leonesa, una exigencia de la mayoría de los 13 pueblos de la provincia incluidos en el espacio protegido y admitida por la Junta de Castilla y León, que ven en este recurso una fuente de ingresos. Otros municipios asturianos incluidos en el parque y ecologistas recurrirán el trato discriminatorio.

En terrenos del parque, tanto en Asturias como en Cantabria, la caza está prohibida desde hace dos años, lo que ha generado una constante crítica del Gobierno autónomo de Castilla y León hacia los Gobiernos vecinos.

Los grupos ecologistas de las tres comunidades, con representantes en el Patronato del Parque Nacional, han anunciado que recurrirán el plan por esta concesión a León, por su ambigüedad y por no contener una fecha de finalización tras un periodo de transición que se reconoce. También lo recurrirán algunos municipios asturianos al quedar excluidos de la caza. El alcalde de Amieva, el socialista Ángel García, anunció que apelará ante todas las instancias posibles, incluida la Comisión de Medio Ambiente de la Unión Europea, iniciativa que espera sea apoyada por el Gobierno del Principado de Asturias. Calcula que la exclusión privará a su municipio de 180.000 euros de ingresos anuales. El alcalde de Cangas de Onís, también socialista, considera que la supresión de la caza en Asturias es discriminatoria porque no se prevé ninguna compensación.

En un principio se dijo que la caza se permitiría en la zona leonesa del parque de manera temporal y siempre por motivos de control cinegético, incluso se esgrimió cierta epidemia de sarna entre los corzos y las cabras montesas. 'Fue curioso que las epidemias surgieron hace unos años en terrenos cinegéticos mientras que en el área del antiguo parque nacional de Covadonga, donde no se cazaba no había ni hay epidemia alguna', asegura Avelino Cárcaba, portavoz del Colectivo Montañero por la Defensa de los Picos de Europa.

Durante varios años, el permiso de la Junta de Castilla y León para cazar en la zona del parque nacional de Picos propició graves enfrentamientos entre la dirección del parque nacional -contrario a la caza de acuerdo a la norma- y el Ejecutivo castellano-leonés. La Consejería de Medio Ambiente del Gobierno castellano-leonés daba permisos, que contradecían la normativa del parque. En este tiempo, los guardas del parque nacional levantaron numerosas denuncias como las impuestas al locutor de la COPE, Antonio Herrero y al presidente de Renfe, Miguel Corsini, entre otros.

Este episodio acabó con la destitución del director del parque nacional de entonces, Javier de Sebastián, y el espaldarazo firme de la Administración central a la actuación de la Junta de Castilla y León, que presidía Juan José Lucas. 'Fue todo una triquiñuela, inventándose una inexistente epidemia de sarna, que se debía controlar con la caza', recuerda Cárcaba. Ahora, el PRUG, 'santifica la caza en la zona leonesa por un periodo de seis años, acabando con un tiempo donde la caza estaba en una situación de precariedad legal', señala Cárcava. Las protestas vecinales a favor de la caza propiciaron que la Junta de Castilla y León asegurase que era una práctica tradicional y no podía desaparecer.

Los ecologistas consideran que la suspensión de la caza no es tanto un tema económico como social. 'El parque podría compensar fácilmente las cantidades de dinero que salen de la caza. El problema es más bien la mentalidad de permitir un territorio de caza para ricos y personas con prestigio. Es un problema de las autoridades', dicen los conservacionistas.

En el valle leonés de Valdeón, la normativa actual permite la pesca para los vecinos, una reivindicación arrancada por la población de la zona. Éstos encabezaron numerosas protestas para obtener mayor libertad para el uso de sus recursos naturales.

Muchos vecinos y alcaldes consideraban que el PRUG no les permitía una actividad a la que ellos consideraban que tenían derecho. El alcalde de Posada de Valdeón, Luis Ángel Alonso, convocará un pleno para analizar el texto del PRUG. Alonso exige el mantenimiento de la caza y la pesca, e indemnizaciones para los propietarios de fincas que con la aprobación del plan tendrán un uso más restringido.

Teleférico turístico

El 19 de diciembre de 2000 el Patronato del Parque Nacional había aprobado el PRUG, con un tercio de los votos en contra. La amenaza de recurrirlo obligó al Ministerio de Medio Ambiente a introducir modificaciones, como una partida presupuestaria de 67 millones de euros en calidad de inversiones para los seis años de su vigencia y la prohibición de la caza en la vertiente leonesa.

El uso turístico del funicular de Bulnes (Asturias) fue otro de los aspectos a los que se opusieron en su día los grupos conservacionistas y cuyo rechazo se mantiene, al considerar que fue construido para la comunicación de este pueblo (una docena de habitantes) y lleva camino de ser un remonte de similares características al teleférico turístico de Fuente Dé en Cantabria. El plan establece que el funicular de Bulnes, abierto en septiembre de 2001, tenga la misma capacidad que el de Fuente Dé: 28 plazas, más de las que en la actualidad le permite el Gobierno del Principado de Asturias.

La consejera de Medio Ambiente de la Junta, Silvia Clemente, estima que el plan propicia un instrumento de gestión participado que no se tenía con el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. Picos de Europa es el segundo parque nacional en extensión, después de Sierra Nevada. En 1995 se amplió a 65.000 hectáreas a partir del de Covadonga, que fue el primer espacio protegido español.