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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Argentina, sin bancos

Los términos Argentina y confianza son, desde hace tiempo, antitéticos. Desde finales del año pasado no hay noticia correspondiente a dicho país que no sea peor que la anterior. El corralito financiero, el mecanismo que impide a los ciudadanos disponer en el acto de sus ahorros depositados en los bancos, era una bomba de relojería de la que no se sabía el momento exacto de su explosión. Ese momento acaba de llegar.

Hasta ahora, los ciudadanos sacaban a tramos sus ahorros -muy limitados por las condiciones impuestas primero por Domingo Cavallo (hoy en prisión), luego por el Gobierno de Duhalde. Lo hacían en pesos argentinos, independientemente de la moneda en la que habían ingresado el dinero en los bancos, y de forma inmediata lo transformaban en dólares, pese a la pérdida real de poder adquisitivo, por falta de confianza en la moneda nacional. Para conseguir más facilidades y salirse del corralito que les atrapaba, todos los días miles de argentinos pedían el amparo de los jueces, que habitualmente dictaban a su favor. Así, poco a poco, el sistema se ha ido desangrando. Hasta los últimos días, en los que ese 'poco a poco' se fue acelerando. Según algunas estimaciones, de proseguir esta salida de capitales, en aproximadamente tres semanas el sistema financiero argentino hubiera quebrado en su integridad. No había dinero para todos.

El Gobierno argentino ha tomado una serie de medidas que tienen el riesgo de añadir desconfianza a la desconfianza. Duhalde ha decidido cerrar todos los bancos y el mercado cambiario por tiempo indefinido. El objetivo es frenar la fuga masiva de depósitos. A continuación se pedirá al Congreso que apruebe por el trámite de urgencia una ley según la cual el dinero colocado en los bancos se cambiará por bonos del Estado. Como primera respuesta, los ciudadanos han vaciado los cajeros automáticos. A la falta de credibilidad en la moneda nacional se añade ahora la desconfianza en la voluntad -y sobre todo en la capacidad- del Estado para cambiar en su momento los bonos por dinero en efectivo. Llueve sobre mojado, porque el peso no deja de depreciarse contra el dólar y durante los últimos días al menos media docena de protestas en diferentes lugares del país han acabado violentamente. Los sindicatos anuncian el fin de la contemporización con Duhalde y anuncian manifestaciones para la semana entrante.

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Un antecedente del Plan Bonex (que, en definitiva, es una modalidad de confiscación de los ahorros) fue ya experimentado en Argentina a principios de la década de los noventa por el Gobierno de Carlos Menem. Pero entonces el Estado no estaba en una suspensión de pagos oficial, como ahora, y podía ofrecer un respaldo de los títulos que emitía. Para que un plan como éste -que ya fue estudiado hace tres meses y desestimado por irreal- tuviese alguna credibilidad debería ir acompañado de algún gesto significativo de ayuda por parte de la comunidad internacional. En este sentido, es verosímil pensar que medidas tan drásticas como el cierre de los bancos puedan venir acompañadas de algún tipo de anuncio inmediato de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que celebra en Washington su reunión de primavera, al que Argentina pide 9.000 millones de dólares, de los 20.000 inicialmente solicitados. El G-7 y la Unión Europea reclamaron ayer a Duhalde medidas inmediatas para controlar el gigantesco déficit fiscal.

El Fondo Monetario debe hacer la autocrítica de su actuación pasada en Argentina. El hecho de que uno de los alumnos más aplicados en el uso de sus recetas esté a punto de llegar a la parte más honda del pozo debería conducir a su reaparición con dinero fresco y liderando a un grupo de países que aportasen financiación al agonizante país. Entre las dos filosofías en cuestión -que cada palo aguante su vela o que los contribuyentes de todo el mundo apoyen a los de los países en dificultades- ahora corresponde la segunda. Con todas las garantías, pero con urgencia. A no ser que se quiera ser testigo mudo del inevitable estallido social en una nación donde la mitad de la población está en la pobreza, la otra mitad ha perdido sus ahorros y sólo los que sacaron sus capitales a tiempo tienen esperanza y futuro.

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