Prolongada otro día la huelga general contra Chávez que no logra paralizar Venezuela

El Gobierno de Hugo Chávez intentó por todos los medios hacer fracasar el paro general de 24 horas que fue convocado ayer por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y que, en opinión de su secretario general, Manuel Cova, tuvo una participación promedio del 80%, mientras que para los observadores no pasó del 60% de paralización de las actividades. En cualquier caso, la protesta no fue seguida por los sectores básicos de la economía. Anoche, la CTV decidió ampliar la huelga general otras 24 horas y amenazó al Gobierno con la paralización indefinida del país.

El presidente de la CTV, Carlos Ortega, dijo que la huelga se prolonga en represalia por la violencia y la presión utilizada por el Gobierno para frenar la protesta. Ortega exigió a Chávez el cumplimiento de las demandas de los trabajadores para volver a la actividad. Aunque los dirigentes sindicales y los empresariales se cuidaron de no hablar abiertamente de los objetivos políticos del paro, sino de los problemas laborales, fue el Gobierno el que declaró que el trasfondo de la huelga, la segunda en cinco meses contra Chávez, era político.

El ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, dijo que el paro era "politiquero" y calificó de "bastarda" a la patronal Fedecámaras porque respondía sólo a los intereses de las grandes empresas, mientras que el ministro de Educación y Cultura, Aristóbulo Isturiz, dijo que "no hay razón para el paro". "Es político y busca derrocar al Gobierno de Chávez", agregó.

El Gobierno utilizó todo el poder que tiene concentrado en sus manos desde hace tres años y dos meses para desbaratar un paro nacional que fue organizado en apenas dos días por la CTV, secundada por Fedecámaras, la patronal de los empresarios. Los medios utilizados fueron desde amenazas de despido y agresiones, hasta el derroche de recursos públicos para enfriar la convocatoria como la promesa de aumentar los sueldos a los funcionarios, la contratación de autobuses para llenar las calles de simpatizantes chavistas, conocidos como los círculos bolivarianos,que a última hora de la tarde protagonizaron diversos enfrentamientos violentos.

Después de despedir a una veintena de gerentes de la estatal Petróleos de Venezuela por propiciar el conflicto laboral y descalificarlos con el argumento de ganar presuntamente una bonificación anual de 80.000 euros, Chávez afirmó: "Todo el que llame a huelga está despedido". Su amenaza fue cumplida a pie juntillas por los ministros y directores de la Administración. Los 1,3 millones de empleados públicos fueron obligados a ir a trabajar. Les pasaron lista de asistencia.

La industria petrolera, que proporciona la mitad de los ingresos del presupuesto nacional, funcionó normalmente, según portavoces de su directiva y de sus sindicatos. Otros servicios básicos, como los transportes, funcionaron aunque con un número menor de usuarios.

Ortega consideró normal las cifras entre 80% y 60% de un paro tomando en cuenta la premura con que se convocó y denunció la intimidación. "Tenemos información de que el Gobierno está preparando expedientes para detener a los sindicalistas y petroleros", señaló. Ortega negó que sean "subversivos y terroristas" como los ha calificado el Gobierno. "Éste es un paro cívico".

Chávez declaró en Caracas: "El paro ha fracasado. Todo está normal. El país no está paralizado. Funcionan el metro de Caracas, los autobuses y taxis. Éste es un Gobierno sólido, democrático e institucional".