Riesgo de contaminación del agua en Segovia por residuos de porcino

El agua de 55 de los 221 municipios que hay en la provincia de Segovia tiene un alto riesgo de contaminación por nitratos derivados de la actividad ganadera del sector porcino. Los nitratos están en los residuos orgánicos de los cerdos, los purines. El problema se repite en otras zonas de España, como Lleida, que es la provincia con mayor número de cerdos: más de dos millones y medio. Segovia es la segunda, con poco más de un millón de animales que contamina lo mismo que 2,5 millones de habitantes (en Segovia viven unas 150.000 personas).

En la provincia hay declaradas cinco zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos. Una zona vulnerable es aquella cuyas aguas subterráneas superan una concentración de nitratos de 50 miligramos por litro y en cuyas aguas superficiales hay más de 50 miligramos por litro. El vertido máximo permitido en estas zonas es de 170 kilogramos de nitrógeno por hectárea al año. Para el resto, el máximo es de 210.

Los purines no sólo contaminan las aguas subterráneas, sino que terminan por dejar a la tierra en condiciones no aptas para el cultivo. Además, producen fuertes olores en el entorno de las explotaciones, lo que es incompatible con actividades residenciales o de ocio. Otras veces se vierten directamente a los ríos, de forma ilegal. En la Junta de Castilla y León se han encendido todas las alarmas, como reconoce su consejera de Medio Ambiente, Silvia Clemente, y el PSOE lamenta la 'pasividad de la Administración.

Alta densidad de granjas

Un informe del Gobierno de Castilla y León señala el alto riesgo de contaminación que padece la provincia de Segovia. El estudio revela que hay zonas en las que es imposible encontrar terrenos que cumplan con los requisitos normativos de distancias entre explotaciones y entre éstas y los mataderos. En muchos lugares, debido a la alta densidad de granjas de porcino, no hay suelo agrícola donde se puedan emplear los purines como abono. Para evitarse largos traslados y gastos de transporte, algunos ganaderos vierten dosis superiores a las permitidas, a veces, en terrenos muy permeables.

Fuentes de la Administración regional dicen que sólo recientemente se han informatizado los datos declarados por los ganaderos de las parcelas señaladas para los vertidos, por lo que no ha sido posible hacer inspecciones. Dichas fuentes asumen que no se ha puesto mucho celo en vigilar las licencias de actividad, aunque aseguran que los primeros responsables son los ayuntamientos.

Clemente afirma que 'es una lucha difícil, pero se ha llegado a unos niveles que hay que parar', y aboga por una gestión controlada respetuosa con el medio ambiente. La consejera del Gobierno que preside Juan Vicente Herrera, del PP, cree que el tema no se ha atajado antes porque sólo afectaba a una de las nueve provincias de la Comunidad Autónoma. El PP gobierna un tercio de los ayuntamientos de Segovia y el problema afecta directamente al sector ganadero, próximo a este partido. El sector factura al año más de 300 millones de euros, pero genera muy poco empleo.

Clemente es tajante: 'Hay cosas que afectan al interés general por encima de intereses sectoriales y económicos. La actividad es compatible con algo menos de beneficio, pero estamos ante un sector que no está acostumbrado a enfrentarse a costes económicos. La gestión de los residuos tiene que hacerse con cargo a su bolsillo'.

La Consejería de Medio Ambiente, que ha firmado un convenio con el Seprona de la Guardia Civil para extremar la vigilancia de los vertidos, no descarta medidas que podrían llegar a limitar el número de granjas o a cerrar otras que no estén legales. Asimismo aboga por sistemas de cogeneración para obtener energía quemando el metano de los purines.