El 'botellón' se impone a la ley
Las normas restrictivas aprobadas en varias comunidades no logran acabar con el consumo de alcohol en la calle
La ley contra el consumo de alcohol en la calle que tramita la Comunidad de Madrid y que prepara el Ministerio del Interior para toda España apenas ha tenido incidencia en las comunidades que aplican normativas restrictivas contra el botellón. En Cataluña se ha extendido la polémica sin sufrir aún el fenónemo tal como se conoce en Madrid, en Cantabria se estudia la introducción de medidas educativas para los jóvenes y el botellón concentra a 4.000 jóvenes en Santander todos los fines de semana, en Castilla y León existe la prohibición del consumo de alcohol en las calles desde 1994 con poco efecto, y en Aragón la ley autonómica sobre este aspecto se aplica a rajatabla en los centros docentes, pero fuera de estos ámbitos no parece ser efectiva.
CATALUÑA Polémica sin 'botellón'
El fenómeno del botellón no ha llegado a Cataluña. Exceptuando las fiestas mayores de verano o los conciertos al aire libre, las concentraciones de jóvenes bebiendo en la calle no son habituales en las noches de fin de semana. Aun así, sin los quebraderos de cabeza y los problemas de orden público que la cuestión supone para las autoridades de otras zonas de España, el Gobierno de la Generalitat y algunos ayuntamientos han comenzado a tomar medidas para restringir el acceso de los jóvenes a las bebidas alcohólicas. Los datos del Departamento de Sanidad de la Generalitat indican que el 76% de los jóvenes de entre 14 y 18 años han consumido alcohol alguna vez y un 58% lo consume habitualmente.
El pasado 27 de febrero, el Parlamento catalán aprobó prohibir la venta de bebidas alcohólicas a los menores de 18 años. La medida, impulsada por el grupo parlamentario del PP y aprobada con los votos a favor de este partido y CiU, supone la reforma de una ley de 1985 que permitía a los jóvenes de 16 y 17 años comprar bebidas alcohólicas de graduación inferior a los 23 grados, entre las ocho de la mañana y la medianoche.
La nueva normativa no contó con la aprobación de los partidos de la izquierda catalana. El diputado socialista Juan Manuel Jaime opina que la 'dinámica prohibitiva de PP y CiU no lleva a ninguna parte' y asegura que 'el botellón es consecuencia, precisamente, de las prohibiciones impuestas a los jóvenes sobre el consumo de alcohol'.
Desde las filas de IC-V, la diputada Dolors Comas se muestra también contraria a las medidas restrictivas y expresa su preocupación por 'las cuestiones de fondo, como es conocer las causas de las pautas de consumo de alcohol u otras drogas por parte de los jóvenes'. Los dos diputados coinciden en la solución: educación, escuchar a los jóvenes, contar con ellos a la hora de desarrollar la normativa y elaborar una oferta de ocio alternativa a las noches de borrachera.
En cuanto al consumo de alcohol en la vía pública, el Parlamento catalán aprobó una Ley en 1998 que autoriza a los ayuntamientos a prohibir la ingesta de bebidas alcohólicas en la calle. El primer municipio en aplicar la ley fue Lloret de Mar, localidad turística de la costa de Girona conocida por los problemas de seguridad causados por los excesos de sus visitantes.
En Barcelona, las ordenanzas de 1999 no contemplan la prohibición específica del consumo de bebidas alcohólicas en la calle, aunque prevén la imposición de sanciones a quienes se comporten de manera incívica y molesta para el resto de los ciudadanos y dicha conducta esté asociada al consumo de alcohol o cualquier droga.
CASTILLA Y LEÓN Prohibición
Los ayuntamientos de las principales capitales de Castilla y León aplican desde 1994 la ley autonómica que prohíbe y sanciona el consumo de alcohol en la calle, si bien las medidas no han aportado solución alguna, según los expertos, entre los menores de 16 años. Junto a esto, todas las capitales de provincia disponen desde los ayuntamientos programas de ocio para los jóvenes entre 12 y 18 años que 'tampoco funcionan', según expertos y representantes de asociaciones juveniles, como alternativa al botellón.
desde 1994
Los datos aportados por el Ejecutivo regional revelan que de las más de 10.000 inspecciones anuales que la Junta de Castilla ha formalizado en aras de conocer la aplicación del reglamento autonómico, nueve de cada diez expedientes sancionadores fueron aplicados por consumir alcohol en la vía pública. Junto a esto, las ordenanzas municipales que se aplican en las provincias de la región, con las excepciones de Avila y Soria, multan con 30 euros el consumo de alcohol en las calles, mientras que en Valladolid, Segovia y Palencia, la policía municipal toma nombre de los menores que consumen y comunican a sus padres la infracción y los resultados y consecuencias de la ingesta de alcohol.
El control por parte de las autoridades es muy desigual en Castilla y León, a pesar de que dispone de una ley autonómica. Soria no tiene ordenanzas municipales al respecto; Avila carece de una cobertura específica contra el botellón y aplica la ley autonómica de 1994; Palencia y Segovia disponen de ordenanzas propias algo más amplias que la ley regional; en Salamanca se hacen campañas puntuales y en 2001 la policía intervino casi 300 litros de bebidas alcohólicas; León, Valladolid y Burgos desarrollan la ley autonómica y Zamora aplica programas de ocio alternativo basados en encuestas.
En algunas capitales como Valladolid la policía municipal comunica a los padres mediante carta si su hijo ha sido sorprendido consumiendo alcohol en la calle. Se ha dado la circunstancia de que algunos padres han llegado a negar tal situación asegurando que los menores habían falsificado los DNI para comprar bebidas o acceder a locales donde no pueden entrar debido a la edad. Un hostelero de Valladolid ha llegado a retirar en un sábado por la tarde hasta 20 DNI falsificados a menores que intentaban entrar en su local.
ARAGÓN: Una legislación poco efectiva
La comunidad aragonesa ha decidido dejar en manos de los ayuntamientos la regulación de la venta y consumo de bebidas alcohólicas en la calle. El consejero de Salud, Alberto Larraz, señala que esta era la única forma de afrontar un problema que presenta caracteres distintos al del resto de España.
Hasta ahora ningún ayuntamiento aragonés ha decidido regular en este aspecto, y eso que el pasado 1 de noviembre entró en vigor la Ley la de Prevención de Drogodependencias, muy estricta con la venta y consumo de alcohol y tabaco a menores de 18 años. Pero la ley, que sí se aplica a rajatabla en centros docentes universitarios, no universitarios y en la Administración pública, no parece haber tenido efecto fuera de estos ámbitos.
En lugares públicos autorizados, donde accedan menores, el alcohol que se venda deberá tener menos de 18 grados, como ocurre en gasolineras, áreas de descanso de autovías y autopistas. Se prohíbe la publicidad directa o indirecta en estos lugares, en salas de cine, teatros, instalaciones deportivas si su programación está dirigida a menores de 18 años y en los transportes públicos.
En función de su gravedad, las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. Las sanciones máximas son de hasta 3.000 euros para las leves, hasta 15.000 para las graves y hasta 600.000 euros para las muy graves.
El Ayuntamiento de Zaragoza asegura que a partir del próximo mes de mayo, y en aplicación de la nueva ordenanza del ruido, habrá patrullas medio ambientales que trasladarán a las zonas saturadas por botellón hasta cuarenta policías locales.
CANTABRIA: Medidas educativas para los jóvenes
En Cantabria fue promulgada hace cinco años la Ley de Prevención Asistencial e Incorporación Social en materia de drogodependencias, que contempla la prohibición de consumir alcohol en la calle, lo que no impide que el botellón concentre en la capital cántabra a unos 4.000 jóvenes en las noches de viernes y sábado, cifra que se supera en época estival. Los menores suelen concentrarse en determinados espacios abiertos de la ciudad, como son las playas y sus alrededores y los parques públicos; los mayores de 18 años se sitúan en dos o tres lugares significativos de Santander.
En estos momentos, el departamento de Acción Social estudia la introducción de un nuevo proyecto de ley que contempla medidas como el desarrollo de programas educativos sobre el consumo del alcohol a cargo de psicólogos para menores que hayan vulnerado la vigente ley y que asistirían acompañados de sus padres o tutores; la ejecución de trabajos en beneficio de la comunidad (limpieza de parques y lugares afectados por el comportamiento desordenado de los jóvenes, cuidados a personas enfermas de alzheimer y otras actividades a favor de grupos marginados) y, por último, la adopción de medidas compensatorias como consecuencia de daños infligidos al mobiliario urbano cuya valoración y cuantía queda a merced de los ayuntamientos. Desde la entrada en vigor de la ley se han impuesto 276 multas, tanto a establecimientos por vender alcohol a menores, como a éstos por consumir bebidas alcohólicas en la calle.
El nuevo proyecto de ley incluirá normas por las que los padres y tutores de los menores serán responsables subsidiarios de su conducta. Acción Social considera que con su aplicación se habrá dado un gran paso en la tipificación de su comportamiento.
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