Paso adelante británico

La Cámara de los Lores británica acaba de despejar definitivamente el camino de la clonación de embriones humanos con fines terapéuticos. Inmediatamente, el organismo competente ha concedido dos licencias para experimentar. El Reino Unido ha sido el país que más consecuentemente ha legislado en esta materia, y resulta significativo que haya sido un obispo anglicano, el de Oxford, quien ha presidido el comité que ha fallado a favor de autorizar la clonación terapéutica y explicado a la opinión pública que, tras el análisis de los problemas morales y científicos que suscita el tema, no han encontrado razones lo suficientemente convincentes como para prohibirla.

La clonación con fines reproductivos, es decir, la que tiene como finalidad generar un embrión humano con una dotación genética idéntica a una persona ya existente e implantarlo en el útero de una mujer para que se desarrolle y dé lugar a otra persona, está prohibida en todos los países que han regulado sobre esta materia. Sin embargo, el descubrimiento de que las células madre embrionarias, obtenidas a partir de un embrión de unos pocos días, quizá puedan utilizarse para regenerar tejidos u órganos dañados, curando así enfermedades para las que hoy no existe remedio, hizo pensar que la clonación podría tener un gran valor terapéutico y que merecía la pena investigarlo. La Iglesia y los grupos más conservadores se han opuesto radicalmente a que se autorice esta técnica y han conseguido mantener una situación de veto en muchos casos y de extrema confusión legal en otros, como Estados Unidos, donde no se pueden aplicar fondos públicos a la experimentación con embriones humanos, aunque sí privados.

En los países europeos la situación evoluciona con demasiada lentitud. Un reciente e intenso debate en la Asamblea Nacional francesa ha concluido en una ley que prohíbe taxativamente la clonación reproductiva, pospone cualquier decisión sobre la terapéutica y autoriza la utilización de los embriones desechados en los tratamientos de fecundación in vitro para estudiar las propiedades de las células madre extraídas de ellos. En España, el Gobierno ha ignorado simplemente las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, en línea con las leyes británica y francesa, y no parece que tenga interés en moverse de su posición, a pesar de las demandas de la comunidad científica. En este contexto, la decisión de Londres adquiere especial relevancia.