Las provincias plantan cara al Gobierno de Buenos Aires

Argentina mantiene su pulso con el Fondo Monetario Internacional para obtener las ayudas necesarias que le puedan permitir salir de la crisis. Pero se mantiene la desconfianza respecto a los políticos porteños, tras años de descontrol. El presidente, Eduardo Duhalde, intenta convencer a los técnicos de Washington de la bondad de sus ideas. Y, mientras, los ciudadanos argentinos elevan sus voces críticas que expresan la repudia a los planes económicos de sus nuevos gobernantes.

Sesenta mil ahorradores forman cola en los tribunales para presentar un recurso que les permita sacar sus depósitos en dólares

Las autoridades provinciales temen que otro ajuste económico desemboque en una nueva oleada de estallidos sociales

Los gobernadores intentan obtener el 30% del impuesto a las transferencias financieras en lugar del 20% que ofrece el Gobierno

El presidente argentino, Eduardo Duhalde, lo tiene claro: 'Sin el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) nos va a costar muchísimo salir de la crisis'. Tal vez resulte imposible una recuperación de Argentina sin ayuda financiera del Fondo. Al mismo tiempo, parece seguro que la asistencia de ese organismo sólo llegará a cambio de medidas que impliquen sacrificios para una población que lleva casi cuatro años de recesión.

Duhalde, dirigente de la vieja clase política argentina, sabe lo que el Fondo piensa de los Gobiernos de su país: 'No nos creen una palabra'. Por eso, se concentró esta semana en el objetivo prioritario que fijaron los técnicos de Washington al ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov: la reducción de los recursos que el Estado envía a las provincias. Mientras tanto, el Gobierno intentaba flexibilizar el congelamiento de depósitos (corralito), soportaba la embestida de los ahorradores ante los tribunales en búsqueda de su dinero y peleaba para que el dólar bajara de los 2,20 pesos en que llegó a cotizarse el miércoles, lo que suponía una devaluación del 54% desde que en enero se eliminó la paridad fija con la moneda norteamericana.

La lucha política

La pelea política continúa. En la residencia presidencial de Olivos, en los suburbios de Buenos Aires, comenzó el martes una reunión entre el peronista Duhalde y los gobernadores de las 23 provincias (14 peronistas, siete radicales y dos de partidos locales). El jefe de Estado respetó los dictados del FMI y les propuso reemplazar el piso mínimo de reparto federal de impuestos por uno variable que dependiera de la recaudación tributaria. El 38% de los ingresos se repartirían entre las provincias y el 62% restante quedaría en manos de la Administración central.

A modo de compensación, Duhalde (que, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, solía excederse en el gasto) les ofreció distribuirles el 20% del tributo a las transferencias financieras, que sólo utilizaba la Nación. Los pobres, burocráticos y gigantescos Estados provinciales dejarían de percibir 3.000 millones de pesos (1.682 millones de euros) por año, en lugar de los 2.160 millones de pesos (1.211 millones de euros) convenidos hace pocas semanas, tras un recorte del 13%.

Los gobernadores rechazaron el miércoles la propuesta oficial y exigieron que sus Estados reciban el 56% de la recaudación impositiva. La mayoría de los economistas reaccionó acusándolos de bailar en el Titanic. Al día siguiente, los caudillos provinciales rebajaron sus expectativas y pidieron sólo el 40%. El presidente aceptó. Ese nivel permite mantener, por ahora, las entregas mensuales a las provincias por 1.187 millones de pesos (665 millones de euros), pero irán disminuyendo por la previsible caída de la recaudación impositiva en una economía que se contraerá del 8% al 15% en 2002, según cálculos privados. El viceministro de Economía, Jorge Todesca, prevé que este mes mermarán el 15% los ingresos.

El acuerdo entre la Nación y las provincias finalmente no se firmó esta semana porque los gobernadores sumaron otra reclamación: pretenden el 30% del impuesto a las transferencias financieras, en lugar del 20% ofrecido por el Gobierno. Además, intentan pesificar las deudas provinciales en dólares bajo la antigua paridad uno a uno con la moneda norteamericana, pero el ministro Remes Lenicov sólo admite transformar cada divisa por 1,40 pesos.

La postergación del debate entre el Gobierno y las provincias para pasado mañana, en momentos en que apremia la crisis política, económica y social, también retrasó la discusión del proyecto oficial de presupuesto en la Cámara de Diputados. Los legisladores están pendientes de las negociaciones de los gobernadores antes de confeccionar los números de las cuentas públicas para un año que ya empezó hace dos meses.

El temor de las provincias

Las provincias temen que un nuevo ajuste desemboque en más estallidos sociales. El ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli, reconoció esa inquietud. El olor a neumático quemado en las calles supone 14 millones de pobres que ansían trabajo y alimentos. El chasquido metálico de las cacerolas representa a los dos millones de ahorradores cuyos dólares depositados se congelaron en los bancos y fueron convertidos en pesos.

En un intento por tranquilizarlos y por reactivar el inmóvil mercado interno, el Gobierno de Buenos Aires les permitió esta semana y hasta el 15 de abril la extracción de hasta 30.000 dólares mediante un certificado pesificado (cada dólar se convertirá en sólo 1,40 pesos) que podrá utilizarse para la cancelación total o parcial de créditos pendientes o la compra de inmuebles, coches o maquinaria agrícola, vial e industrial.

Analistas privados vaticinan operaciones por 2.000 millones de dólares (2.298 millones de euros). Las inmobiliarias y las concesionarias de vehículos se ilusionan, pero 60.000 ahorradores, en vez de ir a sus locales, forman colas en los tribunales para presentar un recurso de amparo que les permita sacar todo su dinero de una sola vez y en dólares.

La divisa norteamericana, mientras tanto, comenzaba a escalar a 2,20 pesos ante la demanda de importadores con pagos retrasados y pequeños ahorradores. Por consiguiente, la inflación de los primeros 15 días de febrero alcanzó el 2%, según el Gobierno, pero la canasta familiar de alimentos, bebidas y productos de higiene aumentó el 5,6% en la segunda semana de febrero, según las organizaciones de consumidores. Duhalde negocia con Repsol YPF y las demás petroleras una rebaja del impuesto a sus exportaciones, a cambio de que mantengan los precios.

La presión sobre el dólar y la inflación empujó al presidente a revelar la secreta estrategia del Banco Central: declaró el miércoles que esa entidad intervendrá en el mercado libre con sus reservas para 'clavar' el dólar en 1,60 o 1,70 pesos. Al día siguiente, la amenaza amainó la demanda de la divisa, que cerró a 2,05 pesos. El presidente llegó a decir que estudia una nueva paridad fija, pero el Ministerio de Economía lo negó horas después. El FMI se cansó de recomendar un tipo de cambio flotante. Pero en Argentina las cosas cambian día a día y las empresas sólo pueden planificar a tres meses, con suerte.