Bruselas da la razón a la Junta andaluza frente al Ministerio en la polémica del algodón

La Comisión Europea considera legal la norma de la Junta de Andalucía sobre el algodón que asume las tesis de la mayor parte del sector y contrarresta los efectos de la orden que había aprobado el Ministerio de Agricultura para esta campaña. En su orden, el Ministerio exige rotar de cultivo a aquellos algodoneros que hayan sembrado en los dos últimos años. El sector, temeroso de penalizaciones en las ayudas europeas, exigía una limitación más contundente y la Junta estableció que sólo recibirán ayudas los que hayan cultivado en alguno de los tres últimos años. El Ministerio creyó que esa decisión no se ajustaba al derecho comunitario, pero la consulta a Bruselas ha establecido justamente todo lo contrario.

El director general de Agricultura explica en una carta remitida a las autoridades españolas que los Estados miembros pueden acotar la producción para evitar las penalizaciones. Bruselas insiste además en que se trata de 'un problema político interno que se tiene que resolver en España'. Esta carta del director general de Agricultura de la Comisión Europea, José Manuel Silva, es la respuesta a una demanda que cursó el Ministerio español de Agricultura ante Bruselas pidiendo que se analizara la legalidad de los dos mecanismos de control decididos por el Gobierno central y el andaluz para evitar el exceso de producción de algodón.

La conclusión de los técnicos es clara. 'No hay ninguna objeción jurídica de la parte de la Comisión en cuanto a las dos leyes. Según el reglamento actual, ambas son legales', informaron fuentes comunitarias. que añadieron: 'Bruselas no se puede meter en cómo organice la producción cada Estado miembro'.

El reglamento comunitario aprobado en verano sobre el algodón mantuvo en 249.000 toneladas la cuota española con derecho a ayuda (el 95% se produce en Andalucía) y elevó las penalizaciones en el caso de que la producción sobrepasara las 362.000 toneladas. El reglamento también dejaba a los Estados afectados (España y Grecia) la posibilidad de limitar los cultivos. El Ministerio empezó a redactar un decreto para regular el sector, pero como el tiempo se echaba encima sacó en enero una orden sólo para esta campaña. En la orden, sólo estableció un criterio de limitación, la rotación obligatoria de cultivo en caso de que los dos años anteriores se haya plantado algodón. Y fijó una excepción de cinco hectáreas en cada finca para proteger a los pequeños productores.

La orden provocó la rebelión del sector. Sólo la asociación agraria Asaja se alineó con el Ministerio. COAG, UPA, las desmotadoras y las cooperativas se pusieron en contra, exigieron una excepción mayor a la rotación (diez hectáreas) y plantearon utilizar otro criterio de limitación: restringir el cultivo a los algodoneros históricos para evitar la entrada de nuevos productores.

La Junta desafió la normativa estatal con una orden que, además de la rotación, recogía las aspiraciones del sector y que ahora ha recibido el espaldarazo de Bruselas. Al Ministerio, contra cuya orden COAG ha concentrado más de mil tractores en Sevilla durante los últimos 11 días, sólo le queda la vía de la impugnación judicial si no quiere que la orden autonómica regule el sector en Andalucia en 2002. 'La decisión de Bruselas despeja todas las dudas', afirmó ayer el consejero de Agricultura, Paulino Plata.

COAG, que el lunes cortó el AVE en la capital hispalense en una acción que dejó 12 agricultores y 9 policías heridos, planteó ayer al Ministerio una nueva propuesta para incluir la exigencias del sector en el decreto que regulará el algodón a partir de 2003. En caso de no avanzar en la negociación, la asociación prevé hoy nuevos actos de protesta.