Los algodoneros endurecen su pulso contra el Gobierno

Los 5.000 algodoneros que ha concentrado COAG en Sevilla durante los últimos once días multiplicaron ayer sus actos de protesta para forzar el acuerdo con el Gobierno central. Tras conocer ayer el beneplácito de la Comisión Europea a la orden de la Junta de Andalucía para esta campaña, que recoge sus exigencias, la asociación agraria reabrió la negociación con el delegado del Gobierno central en Andalucía, José Torres Hurtado. Unas 60 mujeres se encerraron en el Arzobispado e iniciaron una huelga de hambre para exigir cambios en la normativa estatal.

Los representantes de COAG entraron al mediodía en la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía, ante la que ha concentrado a un millar de tractores, y desde esa hora unos 2.000 agricultores comenzaron una cacerolada a las puertas de la sede. Éste no fue el único acto de protesta de la jornada. Un centenar de algodoneros ocupó la sede regional del PP en Sevilla y un grupo de mujeres se concentró también en el palacio arzobispal de Sevilla.

Unas 30 mujeres, esposas de los algodoneros, pidieron permiso al arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, para pecnotar en el el palacio arzobispal. Luego, se sumaron otras 30 más y decidieron iniciar una huelga de hambre. La presidenta regional del PP, Teófila Martínez, tampoco puso mayores reparos a que un centenar de agricultores manifestaran su protesta en la sede del partido, pero indicó que 'para hablar con el PP, eso no es necesario' y reiteró sus críticas al presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, por 'fomentar el conflicto'.

Tras diez horas de cacerolada ininterrumpida, al cierre de esta edición, los contactos de los representantes de COAG con el delegado de Gobierno y el Ministerio no habían dado fruto. Los agricultores quieren que el decreto que regulará el sector a partir de 2003, ahora en redacción, deje al menos la puerta abierta a la Junta (el 95% de la producción es andaluza) para que la Administración autonomica pueda limitar, como en esta campaña, el derecho a cobrar ayudas europeas a los algodoneros tradicionales y evitar así las penalizaciones por sobreproducción.