Propaganda simple

Como en otros ámbitos de la gestión política oficial, es fácil detectar una gran distancia entre el discurso del Gobierno sobre la inversión en desarrollo tecnológico y la cruda realidad. Desde la presidencia del Ejecutivo y el Ministerio de Ciencia y Tecnología se pretende transmitir la sensación de dinamismo político, insistiendo en objetivos grandilocuentes y presentando planes nacionales en inversión y desarrollo (I+D) de dudoso contenido. Intento fallido: las cifras desmienten la retórica ministerial que pretende situar a España entre los países que mayor volumen de recursos dedican a las nuevas tecnologías. Sólo el 0,94% del PIB español del año 2000 se dedicó a I+D, cuando el objetivo oficial era alcanzar el 1,17%, y los resultados de la encuesta que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre inversión en innovación contabiliza el 1,67% del PIB -contando con la explosión de los servicios de telecomunicaciones-, cuando se pretendía llegar al 1,83%.

El presidente Aznar y el departamento de Anna Birulés han desarrollado aquí la misma estrategia de distracción que tan excelentes dividendos propagandísticos rindió en las privatizaciones de empresas públicas o en las reformas de los mercados estratégicos de servicios, como las telecomunicaciones. Consiste en enunciar los grandes rasgos del problema y sus soluciones genéricas y dar por hecho que la mera enunciación bastará para que el mal se remedie por sí solo. Un ejemplo redondo de esta estrategia es el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica.

Pero las construcciones de papel no bastan para modificar la realidad. Las empresas interesadas en mejorar su producción y ganar competitividad mediante la inversión en tecnología avanzada han descubierto que la Administración no ha dotado con dinero sus declaraciones verbales, y que los engorrosos trámites para acceder al dinero público prometido tampoco han sido aligerados en lo más mínimo. De forma que en el campo del esfuerzo público en I+D, en el que las empresas españolas se juegan sus posibilidades de mejorar la competitividad y luchar de igual a igual en el escenario de la nueva economía, y donde los investigadores arriesgan el no quedarse descolgados de la vanguardia europea, el Gobierno ha aportado grandes palabras, poco dinero y nulo esfuerzo de gestión. Lo que percibe la sociedad española, en especial las empresas, es una confusión extrema en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y una ausencia inquietante de discurso político sobre lo que se puede y se debe hacer. Si ya era notorio que la política tecnológica de este Gobierno ha fracasado, ahora las pésimas cifras empiezan a dibujar los amplios contornos de ese fracaso.