Luz que agoniza

El suministro de energía eléctrica en España, un servicio esencial en cualquier sociedad avanzada, se ha convertido en un buen problema gracias a la inacción concertada de las empresas productoras, el Gobierno de la nación y el organismo regulador encargado de repartir entre los consumidores los kilovatios producidos, que es Red Eléctrica de España (REE). Los consternados ciudadanos españoles han descubierto que en el llamado Primer Mundo, en el que viven, pueden producirse apagones continuados y deficiencias de suministro como si vivieran en un país en vía de desarrollo, sin que las compañías eléctricas reconozcan su responsabilidad y paguen por ella en forma de facturas más reducidas a los usuarios, ni el Gobierno reaccione con firmeza ante la degradación galopante del servicio. La situación es tan caótica que, casi al mismo tiempo que el secretario de Estado de Economía negaba en el Congreso que en el sistema eléctrico español se estén produciendo fallos generalizados de suministro, un informe de REE fechado a comienzos de enero de este año calificaba de 'realmente grave' la situación del sistema eléctrico.

La negligencia de la Administración central en tomar medidas correctoras de esta situación ha llevado a algunas comunidades autonómas, como Extremadura, a aprobar sus propias leyes para sancionar a las empresas por los apagones que atormentan a los usuarios domésticos y a las empresas. Tales iniciativas se explican por la exasperación, pero lo cierto es que pueden contribuir a aumentar el desorden. Si la decisión de Extremadura se contagia a otras comunidades autónomas se corre el riesgo de acabar en un auténtico mosaico de normas y reglamentos sancionadores que perturben la unidad del mercado eléctrico y condicionen la localización de las empresas.

El Gobierno está obligado a mover pieza. El Ministerio de Economía ha elaborado un proyecto de acuerdo ministerial que concede poderes de excepción a Red Eléctrica para evitar apagones tan bochornosos como los ocurridos hace un mes mediante la compra de electricidad por encima de los precios vigentes en el mercado, la puesta en marcha de producciones no rentables con los parámetros actuales y otras facultades extraordinarias para interrumpir ordenadamente el suministro eléctrico. Por razones inexplicadas, y que quizá tengan que ver con las presiones de las empresas interesadas en subir las tarifas eléctricas con la amenaza de apagones, el Gobierno no ha aprobado la disposición.

Como en otras ocasiones, los consumidores domésticos acabarán pagando el pato de un forcejeo político al que son ajenos. Conviene recordar que, incluso sin recurrir a legislaciones de carácter extraordinario, el Gobierno tiene la capacidad legal para intervenir cuando considere que la calidad del servicio eléctrico no cumple unas exigencias mínimas. Hasta el momento, no ha ejercido este derecho. Debería tomar las medidas necesarias para evitar que lleguemos a una situación en que la luz tenga que encenderse con cartillas de racionamiento.