El Constitucional permite a Baleares cobrar a los turistas la 'ecotasa' recurrida por el Gobierno

El Tribunal Constitucional ha dado inicialmente la razón al Gobierno de Baleares, presidido por el socialista Francesc Antich, y ha rechazado las tesis del Ejecutivo de José María Aznar después de que éste recurriera para lograr la suspensión cautelar de la ecotasa. A falta del fallo sobre la constitucionalidad de la tasa, el impuesto sobre estancias turísticas, un tributo con fines medioambientales, podrá aplicarse ya, gravando una media de un euro por turista y noche de estancia hotelera. 'Comienzan a ponerse en marcha los mecanismos para su cobro lo más rápido posible', posiblemente en marzo, anunció Antich.

El Gobierno central -alentado por el ministro de Medio Ambiente y ex presidente balear, Jaume Matas, y por los hoteleros- había reclamado ante el Constitucional la suspensión de la aplicación del novedoso impuesto que la alianza de izquierdas y nacionalista que preside Francesc Antich, del PSOE, aprobó en abril de 2001. Tras la decisión del pleno del TC de levantar la suspensión cautelar que pesaba sobre la ley, el Gobierno balear espera ahora aplicar el polémico tributo a partir de marzo, cobrando una media de un euro por día a los turistas que se alojen en hoteles o apartamentos comerciales. Sólo falta aprobar el reglamento de la ley y estipular los cupos por hoteles o empresas.

El Tribunal Constitucional antepone los intereses de la hacienda autonómica y la consecución de los objetivos medioambientales de la ley a las tesis técnicas y legales aducidas por el Gobierno de José María Aznar, que pidió la suspensión cautelar de la norma para evitar los pagos de la tasa por parte de los consumidores en base a una ley que posteriormente podría ser anulada, pues todavía no existe una resolución definitiva.

El tribunal señala que los objetivos de la ley quedarían perjudicados por la suspensión de la ecotasa mientras no se dicte una resolución definitiva. 'Es evidente que debe prevalecer el interés autonómico a la recaudación de un tributo, cuya norma legal de cobertura no sólo goza de presunción de legitimidad (...) sino que tiene una finalidad que se configura hoy como un objetivo prevalente -la protección medioambiental y cultural-, sobre el interés particular de los ciudadanos', dice el Constitucional, que antes de explicar su auto relativiza el impacto en los bolsillos de los consumidores.

Antich se mostró ayer con 'satisfacción moderada' y culpó al Gobierno de Aznar de crear problemas donde existen ya las soluciones. En Baleares se esperan recaudar unos 10.000 millones de pesetas (60 millones de euros) al año con la ecotasa.

'Nuestra opinión sobre el impuesto es la misma. No hay sentencia y la decisión del Constitucional no es definitiva. Veremos qué decisión adopta el Gobierno balear', dijo el portavoz del PP, Juan Flaquer, quien descalificó la gestión del Ejecutivo de Antich. Para la oposición, la ecotasa es ilegal, injusta, discriminatoria, anticonstitucional y perjudica al turismo.