El Gobierno central decide recurrir ante el Constitucional la 'ecotasa' de Baleares

La ecotasa se ha convertido en el argumento central de la política proteccionista del Gobierno balear que preside el socialista Francesc Antich y en el motivo de mayor enfrentamiento con los sectores conservadores. El ministerio de Medio Ambiente, cuyo titular es Jaume Matas, ex presidente de Baleares, es partidario de no solicitar al Tribunal Constitucional la suspensión de la ecotasa, a la espera de la sentencia.

La potente patronal de los hoteleros de Baleares reclamó al Gobierno del PP que recurriese contra la ecotasa y también forzara su anulación, por considerarla 'injusta y discriminatoria'. Los empresarios turísticos insulares han roto totalmente sus relaciones con el Ejecutivo balear al fracasar en sus intentos de parar la aprobación de la tasa. Creen que la medida será negativa para la industria y directamente perjudicial para sus intereses. En todo caso, la batalla patronal reside en lograr la no aplicación del impuesto, en ignorarlo. Por ello, en la hipótesis de que el Gobierno Aznar no recurriese o no solicitara la congelación de su entrada en vigor, los hoteleros ya habían anunciado recursos contenciosos administrativos individuales contra las liquidaciones de la ecotasa en cada empresa.

La nueva figura fiscal ha sido presentada como 'el símbolo' y el 'proyecto estrella' de la política alternativa al desarrollismo que postula el Gobierno multipartido PSOE-PSM-IU-Els Verds, con el respaldo de Unió Mallorquina.

Entre los turistas alemanes fracasó una campaña del diario sensacionalista Bild, que al promover el envio masivo de cartas al Rey de España se encontró que la gran mayoría de sus lectores asumían con normalidad el pago del impuesto.

'Exigencia social'

El presidente balear Antich señala que la ecotasa responde a 'una exigencia social' y representa 'un sistema de expresión de la solidaridad' entre sectores para frenar el desgaste que sobre el Medio Ambiente supone una carga de once millones de visitantes cada año. La recaudación anual prevista con la nueva medida ronda los 10.000 millones de pesetas. El turismo genera cada año en Baleares unos ingresos de 1,2 billones de pesetas y una recaudación del IVA de 50.000 millones.

El Gobierno Aznar en sus estudios jurídicos y fiscales elaborados sostiene la inconstitucionalidad de la ley balear en que incurre en una supuesta doble imposición, el cobro simultáneo por parecida carga, las estancias hoteleras ya están gravadas por el IVA, y por no ser de aplicación universal a todos los turistas, lo que conlleva un componente de discriminación negativa. La ecotasa se cobrará únicamente en establecimientos turísticos y hoteleros, quedando al margen las casas privadas y de alquiler esporádico.

El cobro universal de la ecotasa a todos los turistas que entraran en las islas, sólo sería posible a través del control en los aeropuertos, extremo que se desechó por la falta de voluntad por parte de la entidad estatal Aena.